¿Esto es justicia?

Todos los días nos encontramos con diferentes noticias en las que, aunque parezca imposible, la justicia y las leyes están de parte del infractor, del delincuente o, simplemente, del jeta.

Hace pocos días saltó la noticia de una familia de Fuenlabrada que había sido denunciada por los okupas de su propia vivienda cuando los legítimos propietarios recuperaron lo que es suyo, aprovechando la ausencia por vacaciones de los okupas.

¿Cómo es posible que día sí y día también, nos desayunemos con noticias de violadores, ladrones, butroneros, atracadores, estafadores o asesinos que, habiendo sido puestos en libertad tras haber sido detenidos, han vuelto a delinquir?

Todos conocemos distintas asociaciones y ONG´s dedicadas a la defensa de los derechos de los delincuentes, pero conocemos muy pocas que se dediquen a lo contrario, a defender a las víctimas de esos delincuentes. ¿Y porqué no hay asociaciones, salvo las de víctimas del terrorismo, y poco más, dedicadas a defender a las víctimas? La respuesta es sencilla, en un estado de derecho, la defensa de las víctimas, el castigo de los delincuentes y preservar el cumplimiento de las leyes le corresponde al Estado, el cual ha de dotarse de los medios necesarios y adecuados para ello: leyes, policías, jueces, instituciones penitenciarias, etc.

¿Qué es lo que falla entonces en España?  En mi modesta opinión, lo que falla es el concepto mismo de la pena. La pena, según la Constitución Española, tiene varios objetivos: servir de castigo al delincuente, reeducarle, reinsertarle y resarcir a la víctima por el mal injustamente sufrido.

Quienes nos han gobernado durante los últimos 40 años sólo han puesto empeño en la reinserción y reeducación de los delincuentes, sin tener en cuenta que la pena, en su origen, siempre ha estado orientada, principalmente,  para servir de castigo a quien infringe las normas.

Es más, etimológicamente, pena proviene del termino griego poinè, que significa pagar, compensar. Es decir, su origen está en hacer pagar a quién ha infringido una norma, perjudicando con ello a otras personas. Pero en los últimos años, una mal entendida función social de la pena, que pone todo su empeño en la "salvación" del delincuente, ha dejado fuera de su protección a las víctimas, que deben pasar verdaderos calvarios para que les sean reconocidos sus derechos.

No es posible que quien okupa una vivienda, robándole su propiedad a su legítimo propietario, se vea protegido por normas y jueces que hacen prevalecer un supuesto derecho a la inviolabilidad del hogar, sin tener en cuenta si quien ocupa ese hogar tiene derecho a hacerlo. No es de recibo que la víctima de un robo, una violación, una estafa o cualquier otro delito, tenga que soportar como el delincuente sería de él en su propia cara, amparado por las leyes, porque si no sucediera así estaríamos condenando a quien merece todo nuestro respeto. Pero, ¿las víctimas no merecen respeto? 

Las víctimas somos todos, y una sociedad que no se respeta está condenada a fracasar, a dejar de existir como sociedad. 

Igualmente, una sociedad en la que no hay un mínimo de justicia y de seguridad jurídica, está condenada a sufrir la huida de aquéllos que podrían invertir su capital en ella, nadie se juega su dinero sin tener asegurado un sistema jurídico justo que castiga al que lo merece y que protege a quiénes han tenido un comportamiento ejemplar.

Hartos estamos de conocer noticias de corrupción y corruptos que apenas pisan la cárcel están fuera, bien porque los supuestos delitos han prescrito, bien por falta de pruebas, por que se considera que el delito cometido no es de la gravedad suficiente,..., en fin mil excusas para eludir el castigo.

Cuándo los jueces dan por buena la quema de banderas de España y de fotografías del Rey, no están amparando la libertad de expresión, están amparando la manifestación más vil de odio hacia lo que significa la nación española, representada por su bandera y su Jefe de Estado. Y la nación española se organiza en poderes, siendo uno de esos poderes es el judicial. Por lo tanto, los jueces que amparan esas conductas están amparando la destrucción del sistema judicial, del mismo Poder Judicial, como consecuencia de la destrucción de la nación española.

Por ello, si hemos de ver como se permiten esas conductas, ¿qué podemos esperar el resto de ciudadanos? Nada bueno, sólo esperar no tenérnoslas que ver en un juzgado o tribunal para defender nuestros derechos porque llevamos las de perder siempre.

Se hace necesaria una reforma tanto del Código Penal como de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que establezcan penas de verdad más duras para los delincuentes, que castiguen de verdad la reincidencia, que protejan a los ciudadanos que se muestran respetuosos con las leyes, haciéndoles entender que la víctima no tiene que avergonzarse de serlo, que no hay que buscar explicaciones al delito, el delincuente lo es porque lo es, nunca la culpa es de la víctima. Si usted tiene una vivienda cerrada porque, con esfuerzo durante toda su vida, ha podido comprar más de una, o porque la heredó, o por la razón legítima que fuera, usted no es culpable de que unos jetas le revienten la puerta, se metan dentro y ningún juez ni tribunal tenga las agallas suficientes para echarles de allí y les de cobijo dónde merecen, en la cárcel.

Si de verdad queremos preservar la nación española a las generaciones venideras debemos empezar por poner los cimientos hoy, y sin un sistema judicial fuerte, serio, severo, justo y que se respete a sí mismo haciéndose valer y cumplir, no hay nada que hacer, ni nos respetaremos nosotros mismos ni nos respetarán los de fuera, abocándonos al fracaso absoluto como nación, como pueblo y como organización.