En algunos medios de comunicación, y algunos supuestos sesudos pensadores, basan la mitad de sus argumentos en sus intervenciones públicas en un supuesto exceso en el número de efectivos que conforman el personal de las administraciones públicas en España, y en la consiguiente necesidad de recortar dicho número como medida de austeridad que, según ellos, sin duda servirá como acicate a la economía nacional, haciéndola más competitiva, permitiendo la bajada de la presión fiscal y por consiguiente, aumentando la renta disponible de personas y empresas.
Pues bien, además de las ideas hay que poner datos, y los datos son los siguientes:
NÚMERO TOTAL DE EMPLEADOS PÚBLICOS AL FINALIZAR 2015
| |
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
|
NÚMERO DE EMPLEADOS
|
Comunidades Autónomas (incluye sanidad y educación)
|
1.685.100
|
Administración local (ayuntamientos, diputaciones y cabildos)
|
592.000
|
Administración Central
|
528.800
|
Seguridad Social
|
32.900
|
Empresas e instituciones públicas
|
153.900
|
Resto
|
6.500
|
TOTAL
|
2.999.200
|
La población activa total en España asciende, aproximadamente, a 22.760.000 personas, por lo que los casi 3.000.000 de empleados públicos suponen un 13,18 % de la población activa total, porcentaje similar al de los principales países europeos. En Alemania, por ejemplo, el porcentaje se sitúa en el 13%; en Italia en el 11%; mientras que en Reino Unido y Francia rondan el 16% (Datos extraídos del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, INE y Eurostat).
Si se relaciona el número de empleados públicos con la población total, el resultado es revelador:
España es, tras Austria, Portugal e Italia, el cuarto país de la Unión Europea con menos empleados públicos por habitante, con una relación de 1 por cada 16.
En el otro lado, coincidiendo con los países de la Unión con mayor desarrollo del Estado del bienestar, se encuentran tres países nórdicos a los que la práctica totalidad de los políticos y contertulios españoles dice envidiar: Dinamarca, Suecia y Finlandia, que cuentan con alrededor de un trabajador público por cada 4 habitantes.
Pues bien, vistos estos datos, y teniendo en cuenta que en esos 3.000.000 de empleados públicos españoles están incluidos los cuerpos policiales, jueces y fiscales, personal docente y personal sanitario, ¿alguien puede seguir sosteniendo que el mal de este país es el elevado número de empleados públicos? Yo, sinceramente, creo que no.
Cosa distinta es la cuestión de los altos cargos, asesores y demás personal de confianza que, sin el filtro de un procedimiento público, de libre concurrencia, en el que primen los méritos, la capacidad y la igualdad, llenan las altas esferas de nuestras administraciones.
Personal eventual, nombrado y separado libremente por el cargo político que los elige, generalmente para intervenir en asuntos y cuestiones para los que ya existen cuerpos de funcionarios debidamente formados y que sí, estos sí, han pasado un proceso selectivo severo, duro y en concurrencia con cientos de personas.
Pero en esos asuntos en los que intervienen los asesores, el político de turno prefiere contar con el “asesoramiento” de un cargo de confianza, que le estará muy agradecido, más que con la lealtad institucional de un funcionario que no le debe nada porque todo se lo ha ganado con su esfuerzo, su sabiduría y años de formación y experiencia.
El político busca que alguien le diga sí a todo, busca la coartada de contar con alguien que sea capaz de justificar cada una de sus decisiones, por muy disparatada que sea.
Según algunos estudios (y ante la falta de datos oficiales fiables), ese cuerpo de asesores digitales (es decir, seleccionados a dedo), alcanza un número de unas 300.000 personas, las cuales, como ya he explicado no tiene mayor cometido que ocupar puestos para los que ya existen cuerpos de funcionarios debidamente formados y con un criterio técnico y jurídico, no clientelar.
Ese es, en mi modesta opinión, un grave problema para España. En Alemania el número de asesores no llega a 100.000 efectivos, teniendo en cuenta además que su población es casi el doble que la de España, lo que supone un asesor por cada 1000 alemanes, frente al dato español: un asesor por cada 150 españoles.
Ante esta situación se me ocurre una pregunta ¿es que los políticos en España están tan mal formados, saben tan poco, que necesitan de un ejército de asesores para que les suplan en todo aquello que son incapaces de entender, proponer y resolver? Si es así, no son merecedores del puesto que ocupan, si no es así, están enchufando a sus amigos y demás conocidos a costa de los impuestos que pagamos todos.
Hay que tener en cuenta que todos estos asesores se encuentran en la franja superior del personal mejor retribuido con cargo a los presupuestos públicos. Una reducción del número de asesores que deje su número en algo similar a lo que nos encontramos en Alemania (y no es precisamente un país que pueda criticarse por estar mal organizado o por tener una administración que no funcione), daría los siguientes números:
- Para contar con el mismo número de asesores por habitante que en Alemania, se debería reducir su número a un máximo de 50.000, es decir, unos 250.000 asesores menos.
- Suponiendo un coste medio anual de cada uno de los asesores prescindibles de 60.000 euros, incluidos seguros sociales, hace un total anual de 15.000 millones de euros, o lo que es lo mismo, una reducción del déficit público de 1,5 puntos, y sin necesidad de subir impuestos.
Este, y no otro, es el verdadero problema de la administración pública en España, que genera gastos inmensos e innecesarios, duplicidades, conflictos y toma de decisiones erróneas. Pero creo que falta mucho para que periodistas y tertulianos, casi todos ellos con mucho que agradecer y sin ninguna intención de molestar al político de turno, lo expliquen. Es más fácil atacar al funcionario y sus supuestos privilegios, de los que ya hablaré otro día.
Para un profesional de la función pública que lleva más de 20 años sirviendo al interés público en distintas administraciones, con lealtad a la institución, anteponiendo su deber a sus propias preferencias políticas, e intentando siempre aplicar la legalidad vigente en todos aquellos asuntos en las que ha debido intervenir es muy duro, desagradable, insultante y desmoralizador que, día tras día, una y otra vez, algunos quieran convertir a la función pública en una especie de diablo, culpable de todos los males que acechan España, algo que no puede ser más falso y más malintencionado. Las decisiones en un estado democrático como este, las toman los políticos, los funcionarios tan solo obedecemos.
