¿Esto es justicia?

Todos los días nos encontramos con diferentes noticias en las que, aunque parezca imposible, la justicia y las leyes están de parte del infractor, del delincuente o, simplemente, del jeta.

Hace pocos días saltó la noticia de una familia de Fuenlabrada que había sido denunciada por los okupas de su propia vivienda cuando los legítimos propietarios recuperaron lo que es suyo, aprovechando la ausencia por vacaciones de los okupas.

¿Cómo es posible que día sí y día también, nos desayunemos con noticias de violadores, ladrones, butroneros, atracadores, estafadores o asesinos que, habiendo sido puestos en libertad tras haber sido detenidos, han vuelto a delinquir?

Todos conocemos distintas asociaciones y ONG´s dedicadas a la defensa de los derechos de los delincuentes, pero conocemos muy pocas que se dediquen a lo contrario, a defender a las víctimas de esos delincuentes. ¿Y porqué no hay asociaciones, salvo las de víctimas del terrorismo, y poco más, dedicadas a defender a las víctimas? La respuesta es sencilla, en un estado de derecho, la defensa de las víctimas, el castigo de los delincuentes y preservar el cumplimiento de las leyes le corresponde al Estado, el cual ha de dotarse de los medios necesarios y adecuados para ello: leyes, policías, jueces, instituciones penitenciarias, etc.

¿Qué es lo que falla entonces en España?  En mi modesta opinión, lo que falla es el concepto mismo de la pena. La pena, según la Constitución Española, tiene varios objetivos: servir de castigo al delincuente, reeducarle, reinsertarle y resarcir a la víctima por el mal injustamente sufrido.

Quienes nos han gobernado durante los últimos 40 años sólo han puesto empeño en la reinserción y reeducación de los delincuentes, sin tener en cuenta que la pena, en su origen, siempre ha estado orientada, principalmente,  para servir de castigo a quien infringe las normas.

Es más, etimológicamente, pena proviene del termino griego poinè, que significa pagar, compensar. Es decir, su origen está en hacer pagar a quién ha infringido una norma, perjudicando con ello a otras personas. Pero en los últimos años, una mal entendida función social de la pena, que pone todo su empeño en la "salvación" del delincuente, ha dejado fuera de su protección a las víctimas, que deben pasar verdaderos calvarios para que les sean reconocidos sus derechos.

No es posible que quien okupa una vivienda, robándole su propiedad a su legítimo propietario, se vea protegido por normas y jueces que hacen prevalecer un supuesto derecho a la inviolabilidad del hogar, sin tener en cuenta si quien ocupa ese hogar tiene derecho a hacerlo. No es de recibo que la víctima de un robo, una violación, una estafa o cualquier otro delito, tenga que soportar como el delincuente sería de él en su propia cara, amparado por las leyes, porque si no sucediera así estaríamos condenando a quien merece todo nuestro respeto. Pero, ¿las víctimas no merecen respeto? 

Las víctimas somos todos, y una sociedad que no se respeta está condenada a fracasar, a dejar de existir como sociedad. 

Igualmente, una sociedad en la que no hay un mínimo de justicia y de seguridad jurídica, está condenada a sufrir la huida de aquéllos que podrían invertir su capital en ella, nadie se juega su dinero sin tener asegurado un sistema jurídico justo que castiga al que lo merece y que protege a quiénes han tenido un comportamiento ejemplar.

Hartos estamos de conocer noticias de corrupción y corruptos que apenas pisan la cárcel están fuera, bien porque los supuestos delitos han prescrito, bien por falta de pruebas, por que se considera que el delito cometido no es de la gravedad suficiente,..., en fin mil excusas para eludir el castigo.

Cuándo los jueces dan por buena la quema de banderas de España y de fotografías del Rey, no están amparando la libertad de expresión, están amparando la manifestación más vil de odio hacia lo que significa la nación española, representada por su bandera y su Jefe de Estado. Y la nación española se organiza en poderes, siendo uno de esos poderes es el judicial. Por lo tanto, los jueces que amparan esas conductas están amparando la destrucción del sistema judicial, del mismo Poder Judicial, como consecuencia de la destrucción de la nación española.

Por ello, si hemos de ver como se permiten esas conductas, ¿qué podemos esperar el resto de ciudadanos? Nada bueno, sólo esperar no tenérnoslas que ver en un juzgado o tribunal para defender nuestros derechos porque llevamos las de perder siempre.

Se hace necesaria una reforma tanto del Código Penal como de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que establezcan penas de verdad más duras para los delincuentes, que castiguen de verdad la reincidencia, que protejan a los ciudadanos que se muestran respetuosos con las leyes, haciéndoles entender que la víctima no tiene que avergonzarse de serlo, que no hay que buscar explicaciones al delito, el delincuente lo es porque lo es, nunca la culpa es de la víctima. Si usted tiene una vivienda cerrada porque, con esfuerzo durante toda su vida, ha podido comprar más de una, o porque la heredó, o por la razón legítima que fuera, usted no es culpable de que unos jetas le revienten la puerta, se metan dentro y ningún juez ni tribunal tenga las agallas suficientes para echarles de allí y les de cobijo dónde merecen, en la cárcel.

Si de verdad queremos preservar la nación española a las generaciones venideras debemos empezar por poner los cimientos hoy, y sin un sistema judicial fuerte, serio, severo, justo y que se respete a sí mismo haciéndose valer y cumplir, no hay nada que hacer, ni nos respetaremos nosotros mismos ni nos respetarán los de fuera, abocándonos al fracaso absoluto como nación, como pueblo y como organización.

El "problema ¿catalán?"

Casi 40 años tiene la recientemente celebrada Constitución, y en todo este tiempo el mal llamado "problema catalán" no ha dejado de crecer, regenerarse, ampliarse, magnificarse y ocupar buena parte de las preocupaciones de políticos y periodistas.

Pero, ¿porqué llamamos catalán a un problema que afecta a todos los españoles? Simplemente es otra concesión más a los independentistas, instigadores de todo ello.

Hay un amplio grupo de políticos y empresarios catalanes, y también vascos, no los olvidemos, a los que les interesa fomentar todo el tinglado independentista, aprovechando la mediocridad política española y el complejo de culpabilidad e inferioridad que siempre nos ha afectado a la mayoría de españoles.

Ellos no tienen más que esgrimir sus amenazas independentistas para conseguir más y mayores ventajas: más competencias, más financiación, más vista gorda ante el incumplimiento descarado de las leyes vigentes, empezando por la propia Constitución.

Y en esto, una vez más, se han comportado igual tanto PP como PSOE. Por culpa de una ley electoral que premia la representación de partidos de ámbito regional, los dos grandes partidos, cuando no han obtenido mayoría absoluta, no han dudado en echar mano de la chequera, que pagamos todos, para comprar el "imprescindible" apoyo de los independentistas, bajo el pretexto de mantenerlos en el mal llamado nacionalismo moderado (no hay nacionalismos moderados, no hay casi embarazos, o se está o  no se está embarazada, del mismo modo o se es o no se es nacionalista).

Pues bien, PP y PSOE, en lugar de llegar a acuerdos de estado en lo fundamental y dejar gobernar al partido más votado en el resto de cuestiones, han preferido engordar a la bestia, alimentar a la bicha, hacerla partícipe de todo, hacerles creer importantes, cuando no representan, sumados todos los partidos independentistas, más del 5 % del cuerpo electoral de España (y digo España, no estado español, eso lo dejo para aquellos a los que les produce urticaria el término España).

Grave, gravísimo error que vamos a pagar, que estamos pagando todos, en varios frentes y de varias formas: extensión de "sentimientos" nacionalistas dónde nunca los hubo, crecimiento de la indolencia y el envalentonamiento de estos individuos, extensión del pensamiento único en las regiones controladas por nacionalistas, desconfianza de la mayoría de españoles hacia sus políticos, intentos del gobierno de España de turno de comprar la "buena voluntad" de los nacionalistas a base de mayores competencias, mayor financiación y más seguir haciendo la vista gorda con todos sus desmanes, y así en un constante suma y sigue, en una constante espiral sin fin, sin freno, sin sentido y sin el más mínimo pudor, ni por parte de los que chantajean y extorsionan, ni por parte de los que dicen gestionar la situación, por el bien de todos, desde el respeto, ¿respeto a qué, a quiénes? ¿a quiénes no respetan nada? Error tras error, suma de errores.

El primer, el fundamental y principal acuerdo al que deberían llegar PP, PSOE y Ciudadanos es el de un pacto de estado en defensa de la unidad de la nación española. Pacto por el que los 3 partidos firmantes debieran comprometerse a favorecer el gobierno de la lista más votada, comprometerse a no venderse jamás a aquéllos cuyos únicos objetivos son la destrucción de España y su propio interés. 

Un pacto así debería también acometer una reforma, tanto de la Constitución, como de las leyes que fueran necesarias, empezando por la Ley Electoral. Las reformas deberían permitir cerrar, de una vez por todas, las competencias autonómicas y estatales, reservándose el estado una amplia competencia de armonización de algo tan importante como la educación. No se puede consentir que desde la escuela se utilice al sistema educativo como arma de lavado de cerebro de los niños, y eso lo están consintiendo los distintos gobiernos de España sin mover un solo dedo. Debería también acometerse la disposición de una serie de consecuencias, lo más duras y severas posibles, para aplicar a aquellos responsables políticos que incumplan sus obligaciones, la primera respetar las normas, todas, incluida la Constitución de la que emana su situación y el poder que ejercen. Otra medida a adoptar es la reforma de la ley electoral para llevar a cada partido político al lugar que le corresponde en el Congreso de los Diputados. Nada se consigue dándole regalitos a quien no quiere sentirse español, tan sólo alimentar el vicio de seguir pidiendo mientras haya unos tontos que no dejen de dar.

Por último, no podemos esperar ni pretender que nuestros compatriotas en Cataluña o en el País Vasco se conviertan en héroes en la defensa de España y su unidad cuando los propios políticos patrios, a los que pagamos el sueldo, sus prebendas y ventajas no toman las medidas necesarias para atajar el problema de los nacionalismos, y este problema no surgió hace unos meses, lleva creciendo de forma imparable los últimos 40 años, y sin signos de que vaya a dejar de hacerlo, sino más bien todo lo contrario.

Por eso, no comparto aquello de el "problema catalán". El problema es de España, de la falta de orgullo de sentirnos españoles, de la falta de coraje y valentía de la mayoría de nuestros políticos. Un problema de españoles entre españoles.

¿Qué es ser liberal?

Este fin de semana se está celebrando en Varsovia (Polonia) el Congreso anual de la asociación de partidos políticos liberales de Europa (ALDE).

 

Ciudadanos es el único partido español, de ámbito nacional, que forma parte de ALDE. Es el único que, en su ideario, defiende el liberalismo como fundamento de su acción política. Pero, ¿qué significa y qué es ser liberal?

 

A mi entender, ser liberal es todo lo contrario de la forma en la que se gobierna España. Ser liberal es dejar que sean los ciudadanos los que tomen sus propias decisiones. Tomarlos como adultos, capaces y responsables, para que sean ellos solos los que decidan que modelo educativo, sanitario, asistencial o de pensiones desean recibir y al que desean contribuir.

 

En mi forma liberal de entender la sociedad, las cargas tributarias, necesarias por otro lado, se reducen al mínimo imprescindible para mantener el estado en funcionamiento y cohesionado, pero liberando a la ciudadanía de la carga de tener que mantener los chiringuitos y negocietes de tantos.

 

Los cargos políticos se reducirían sensiblemente, no es necesario un  Senado con más de 230 miembros para replicar sin más lo que el Congreso ya ha decidido. No es necesario un político rodeado de asesores, necesitamos políticos que no necesiten asesores, porque ellos solos capaces y suficientes para analizar, pensar y decidir.

 

No tendría cabida la corrupción. De ningún tipo ni de ningún orden. Independientemente de la cuantía y del personaje implicado, la corrupción es la mayor falla de nuestra sociedad, nos está costando cantidades ingentes de dinero y recursos. Y no sólo hablo de la corrupción política, también cada uno de nosotros comete o puede cometer actos de corrupción. No declarar todos los ingresos, hacer cobros en dinero negro, ocultar operaciones comerciales para no pagar impuestos,..., todo eso es corrupción. Y desde luego no es una jugada al fisco, es una estafa a la sociedad.

 

En el modelo liberal que yo entiendo, cada ciudadano debe elegir, tiene el derecho pero también el deber de elegir qué tipo de sanidad o de educación quiere: pública o privada, y será él mismo el que sufrague con sus ingresos el modelo que elija, pero no se obligaría a pagar, vía impuestos, unos servicios ineficientes e ineficaces, que en muchos casos no cumplen los principios y objetivos que son su razón de ser.

 

Desde luego, en una sociedad liberal,  cada ciudadano elige qué modelo de pensiones le apetece más para el futuro, aportando parte de sus ingresos a aquella compañía, pública o privada, de su elección, sin que sean además las leyes las que determinen su fecha de jubilación, sino su capacidad de ahorro y su propia decisión.

 

En un estado liberal las normas no se entrometen en la vida de los ciudadanos más allá de lo imprescindible, se deja a cada cual vivir, desarrollarse, crecer, educarse y pensar por sí mismo, en libertad y por la libertad.

 

Y por supuesto, esto no implica que la sociedad de desentienda de los menos favorecidos, de aquellos que necesitan algún tipo de ayuda o apoyo. No, no estoy diciendo eso. Pero lo que no puede es llevarse la supuesta solidaridad al extremo de pretender que poco más que un tercio del país saque adelante a los dos tercios restantes, eso es imposible, inviable y de locos.

 

La historia nos ha enseñado, discursos partidistas al margen, que las sociedades más liberales son las que más deprisa se han desarrollado y las que mayores cotas de prosperidad y bienestar han alcanzado. En Europa hay dos modelos bien diferenciados: uno de países intervencionistas, unas veces más de pseudoiquierda y otras veces más conservadores, como son Italia, Francia, Bélgica, España, Portugal, Grecia y desde luego en su momento todos los del bloque comunista, y otro grupo de países de corte liberal: Dinamarca, Holanda, Alemania, Austria, Irlanda, Lituania, Estonia, Letonia, y otros más.

 

No hace falta explicar que todos los del segundo grupo, los liberales, han sorteado la actual crisis con muchísimos menos estragos que los intervencionistas, con una tasa de paro que roza el pleno empleo, con una renta per cápita más alta y, en el caso de las repúblicas bálticas o Irlanda, pasando de una situación más cercana a la pobreza a otra en la que se han convertido en países prósperos, punteros, competitivos y atractivos para las inversiones, motor de toda economía.

 

Por lo tanto, a la historia y a las pruebas me remito. Muchos cantos de sirena, muchas buenas intenciones, pero al final, lo que hace prosperar a un país son las inversiones, y éstas se producen si hay garantías y condiciones que las aseguren desde el punto de vista político y jurídico, sin riesgos de intervencionismo por parte del político de turno, y a eso solo se llega a través de la política liberal.