Salvemos las pensiones

Desde hace ya muchos años, de forma recurrente y periódica, se dan a conocer datos e informaciones que advierten y, en algunos casos amenazan, del fin del actual sistema de pensiones.

Ya en tiempos de Felipe González en la Presidencia del Gobierno, se recomendaba a los españoles suscribir planes privados de pensiones, ante la falta de perspectivas de futuro del sistema público.

Pero los años han ido pasando y las pensiones de la Seguridad Social siguen existiendo, si bien es verdad que después de haberse llevado a cabo varias reformas del sistema que, según sus impulsores, han asegurado su mantenimiento. Aunque no con la garantía de permanencia necesaria pues, de lo contrario, no sería necesario recordarnos, cada poco tiempo, que el sistema está caduco y condenado a quebrar si no se toman las medidas oportunas.

Hasta ahora las medidas tomadas y las que más suenan como próximas a tomar han consistido, básicamente, en retrasar la edad de jubilación ordinaria y en hacer menos cuantiosa la pensión de jubilación a base de incrementar los años a tener en cuenta para el cálculo de la pensión.

Pero estas medidas son insuficientes cuando, como en la actualidad, no hay siquiera 2 cotizantes por cada pensionista,  (el último dato habla de 1,8 cotizantes por cada pensionista). Además se añade que las cotizaciones de los trabajadores están estancadas o en retroceso, sobre todo en los últimos años de crisis, lo que hace muy difícilmente viable el sistema actual.

La realidad demográfica del país tampoco ayuda lo más mínimo, sino todo lo contrario, se incorporan menos personas al mercado laboral que las que salen de él para cobrar su pensión de jubilación.

Por lo tanto, así las cosas, el futuro de las pensiones públicas, tal cual lo conocemos, es bastante negro y, aunque de vez en cuando nos avisen de ello, lo cierto es que muy pocas personas tienen el valor suficiente de exponer con claridad cuáles son los males y cuáles son los remedios a la situación. Lo fácil es retrasar la edad de jubilación a los 67, 69 ó 70 años, pero eso no cambia la estructura, los fundamentos del sistema, que siguen siendo los mismos, y esas bases del sistema son las que no funcionan porque fueron planificadas en un momento absolutamente distinto al actual, tanto en lo económico, como en lo social o demográfico.

Se intenta mantener una falacia. Que nuestro sistema es de reparto. No, no es de reparto, no al menos del tipo de reparto que nos quieren hacer creer. El sistema actual se nutre, en gran medida de los impuestos, no sólo de las cotizaciones de los trabajadores y empresas. Esas cotizaciones ya no alcanzan para pagar el montante total de las pensiones, por lo tanto, aquello que nos anuncian para un futuro ya ha sucedido, el sistema ha quebrado, los gastos superan a los ingresos, año tras año.

Con estos datos lo único que se puede afrontar es un cambio radical del sistema, desde el actual falso sistema de reparto a un futuro inmediato sistema de capitalización, en el que se fomente la cotización más elevada para todo aquél que pueda.

Las líneas maestras de ese nuevo sistema (nuevo en España, pero para nada nuevo en el mundo, sino todo lo contrario, casi ningún país europeo mantiene el sistema como en España), deberían de ser, a mi modo de ver, las siguientes:

1. Obligatoriedad de suscribir un seguro de jubilación que cubra, como mínimo la jubilación por edad, por enfermedad o por accidente, así como la baja laboral por enfermedad o accidente.
2. El seguro no tiene porque ser público, dando entrada a las aseguradoras y entidades privadas, promoviendo con ello la competencia y la excelencia.
3. No tiene porqué haber una edad mínima de jubilación, cada cual podría jubilarse cuando hubiera alcanzado lo suficiente para vivir con la pensión. Esto que parece tan utópico funciona en países como Chile, y funciona bien.
4. El Estado debe crear un mecanismo de control y supervisión ágil y eficaz de todo el sistema.
5. Para aquellos casos en los que se produzcan situaciones de insuficiencia en cuanto a la pensión generada sería el Estado, a través de los presupuestos, quien garantizaría la cobertura mínima razonable.

En este sistema sería básico el buen funcionamiento de los mecanismos de supervisión, para evitar tanto la mala gestión de los fondos de pensiones como el fraude por parte de los cotizantes que quisieran evitar cotizar más a la espera de recibir del estado, en el momento de la jubilación, el complemento que se estableciera. Los medios actuales deben permitir realizar esa labor sin demasiados problemas, con la planificación y personal suficientes y adecuados.

Pocos se atreven a llamar a las cosas por su nombre, pocos se atreven a arremeter contra este supuesto sistema de reparto, rindiendo así sumisión a la tan cacareada política social, pero ¿qué hay más social que asegurar un sistema de pensiones que permita a las personas tener una vejez tranquila y sin sobresaltos?

No decir la verdad, no llamar a las cosas por su nombre, no querer ver el problema que tenemos ni las soluciones que lo resolverían es alargar la agonía de un sistema muerto. Cuanto más tardemos en arreglarlo mucho peor será el problema y mayor el riesgo de que nos estalle en las manos.

Pablo Iglesias S.A.

Han salido publicadas hoy en los medios de comunicación las declaraciones de bienes de los miembros del Congreso de los Diputados. Todo dentro de la normalidad.

Lo que me llama la atención son los ingresos y patrimonio que declaran algunos de ellos. Por ejemplo, la declaración de Pablo Iglesias, Secretario General de Podemos, a mi personalmente me produce, cuándo menos, sorpresa.

El Sr. Iglesias declara ingresos por varios conceptos: como Diputado en el Parlamento Europeo, como dirigente de Podemos, como miembro de la Universidad Complutense y derechos de autor y presentador de televisión. Todo ello sumó aproximadamente unos ingresos anuales de 120.000 €, o lo que es lo mismo, 10.000 € mensuales. Y ademas, afirma el Sr. Iglesias tener depósitos bancarios por valor de 125.000 €.

No me parece mal que la gente, gracias a su esfuerzo, a sus conocimientos y a su trabajo, pueda aumentar sus ingresos, mejorar su patrimonio y ascender dentro de la llamada pirámide social. Lo que ya no comparto es que, quien se autocalifica como uno de los de abajo que va a por los de arriba, resulta estar muy arriba, mucho más de lo que está el tipo medio de sus votantes.

El sueldo medio en España en 2015 se ha calculado en 26.259 € al año, o lo que es lo mismo, 2.188 € mensuales, casi 5 veces menos de lo que declara Pablo Iglesias también para 2015. ¿Esto le hace perder legitimidad como representante político? No por si mismo, pero sí le hace quedar como un perfecto mentiroso. Un político falso y que tan sólo pretende vender imagen, la imagen que se ha fabricado de sí mismo.

Pablo Iglesias vive bien, muy bien, a pesar de las camisas arrugadas y los pantalones 2 tallas grandes. A pesar de la coleta mal recogida. Vive mucho mejor que la inmensa mayoría de los españoles. No es el paria que intenta representar, no tiene nada que envidiar al Presidente del Gobierno, a Pedro Sánchez o a Albert Rivera, sólo por comentar los más conocidos.

Debería ser menos mentiroso, menos dedicado al postureo y más a explicar su inexplicable programa político, basado en el populismo y en la profusión de medidas de cara a la galería de aquéllos que están dispuestos a creer que el maná lo tenemos en los grifos de casa.

Las medidas que Podemos propone no hay país que las aguante, pero a quien tiene el riñón bien cubierto poco le importa si el resto de la sociedad acaban pagando una deuda descomunal por el resto de su vida, sin posibilidad de invertir y crear riqueza, condenados a pagar unos intereses generados por una pandilla de hijos de papá, acostumbrados a tener cuánto se les antoja, con fuertes ingresos, con buen patrimonio y con el futuro laboral asegurado.

La realidad a la que dicen representar no la conocen. Trabajar 10 ó 12 horas diarias por sueldos que no alcanzan ni los 1000 € no lo conocen. Sacar adelante una familia con esos ingresos, pagando hipoteca o alquiler, suministros, gastos escolares, ropa, transporte y con la inquietud de no saber si cobrará a fin de mes o si será o no despedido, no lo conocen. Y mucho menos conocen vivir de un subsidio, si es que lo hay, tras años de paro.

Algunos de estos, que se las dan de defensores de los más desfavorecidos de la sociedad, son incapaces de moverse sin vehículo, a ser posible oficial, viajan en primera, hacen viajes que muchos otros no pueden ni soñar.

Por lo tanto, algunos deberían aplicarse eso de "menos predicar y más dar trigo". 

Pedro Sánchez y las rondas

Ayer, desde el PSOE se anunció el inicio de una "ronda de contactos" con todos los representantes del resto de partidos políticos con representación parlamentaria, excepto con Bildu, para explorar la posibilidad de formar una alternativa de gobierno.

Poco después de hacer el anuncio, desde el PSOE se apresuraron a explicar que, a pesar de esa ronda que pretendía iniciar su líder, Pedro Sánchez no tiene intención de postularse como candidato a la Presidencia del Gobierno.

Y si esto es así, si realmente Pedro Sánchez no va a intentar su investidura, ¿para qué hace va a hacer esa ronda?

Pues sólo se me ocurre una razón: SUPERVIVIENCIA.

Pedro Sánchez sabe que no es líder para el PSOE, sabe que desde los varones regionales de su partido, como Emiliano García Page, Guillermo Fernández Vara y, sobre todo, Susana Díaz, que desde su atalaya andaluza está esperando a que sea convocado el Congreso del partido para optar a la Secretaría General, cargo que se llevará de calle, sin ninguna duda, relegando al olvido a Pedro Sánchez, el líder socialista que ostenta el triste record de llevar, por dos veces a su partido, a las cotas más bajas jamás conocidas.

Pedro Sánchez no es líder para el PSOE, no creo que pudiera liderar ni la más ínfima asociación vecinal, carece de carisma, de ideas y de proyecto. Un líder político debe ser recordado y valorado por sus ideas, por sus proyectos, por las soluciones que pueda aportar a los problemas de la sociedad a la que pretende representar, pero Pedro Sánchez sólo aporta una cosa: su figura, su pose, su pretendida belleza, pero eso no es aval para quién pretende liderar los designios de un país.

Así que, la supuesta ronda de contactos, que puede ser cualquier cosa menos precisamente lo que Pedro Sánchez dice que es, no queda en más que un postureo barato a costa de la incertidumbre política, con el único objetivo de darse una prórroga más, porque entre llamadas y rellamadas, entre conversaciones y entrevistas, el tiempo va pasando, se acercará el final del período constitucional de 2 meses para la convocatoria de unas nuevas elecciones, y él, Pedro "el guapo", seguirá liderando un partido desnortado, sin ideas, sin proyecto ni programa. Un partido que dice cada día y en cada lugar de España una cosa distinta, siempre dispuesto a contentar a quiénes odian España, a quiénes quieren destruirla y acabar con la nación más antigua de Europa, y todo por no reconocer que, aunque de ideas distintas, también hay buenos españoles en partidos de centro-derecha. 

Pero eso a Pedro Sánchez no le importa, siempre que su liderazgo y su escaño estén asegurados, siempre que pueda seguir vendiendo un enfrentamiento entre una mitad de España con la otra mitad, del que obtener rendimiento político, lo demás no le importa.

Y es que, como ya dije antes, ser más o menos agraciado físicamente no es aval para liderar nada, salvo un concurso de belleza.

Sufragio pasivo universal ¿un derecho personal o una rémora social?

Desde que tuvieron lugar las revoluciones políticas liberales del siglo XIX y, sobre todo, desde el constitucionalismo europeo del siglo XX, se ha extendido por todas las democracias occidentales, el derecho al sufragio pasivo universal, de tal modo que, cualquier persona mayor de edad, y que no haya sido condenada por determinados delitos o incapacitada legalmente, podrá ser candidato en unas elecciones de carácter político.

De este modo, cualquiera puede llegar a ser Concejal, Alcalde, Presidente de Comunidad Autónoma, Consejero, Diputado, Senador o Presidente del Gobierno.

Y esto, que habitualmente se explica como una gran virtud de la democracia, también puede ser catalogado como una rémora para la sociedad. El sufragio pasivo universal fue un auténtico logro, una avance sin discusión, en una sociedad en la que amplísimas capas de la misma carecían de la más básica formación, superando el sufragio censitario en el que sólo los poderosos tenían acceso a la gestión de los asuntos públicos, promoviendo la endogamia política, pero en pleno siglo XXI no es de recibo que el conserje que le abre la puerta al Alcalde cada mañana tenga que pasar un proceso selectivo, una oposición, en la que, entre otras cuestiones, debe demostrar unos conocimientos mínimos de Derecho Constitucional, de Derecho Administrativo y de Procedimiento Administrativo, mientras que el Alcalde al que franquea el paso lo es sin necesidad de haber demostrado ningún conocimiento apropiado para el cargo, ninguna experiencia previa, nada, tan solo haber sido colocado en el lugar adecuado de una lista electoral.

Si unimos lo anterior al hecho de que las listas electorales son cerradas y bloqueadas (salvo en el caso del Senado), ello explica en parte la manifiesta incapacidad de algunos de los cargos políticos que nos representan y gestionan.

Vivimos en el año 2016, en Europa. El nivel de vida, en líneas generales, es bastante aceptable, cualquier persona de cualquier clase social (con excepciones sobre las que habrá que actuar para corregirlas), puede acceder a cualquier nivel de estudios y formación, sólo hacen falta interés, ganas, tesón y esfuerzo. Por lo tanto, del mismo modo que para servir los asuntos públicos como funcionario, se exigen, en función del puesto al que se opta, una titulación mínima para poder acceder a la oposición y, después, demostrar unos conocimientos mínimos y en competición con otras muchas personas, del mismo modo,digo, quiénes opten a ocupar puestos de carácter político, representando a la sociedad o gestionando asuntos públicos desde puestos políticos, deberían demostrar unos conocimientos mínimos que, aunque no puedan garantizar que la gestión y la toma de decisiones puedan absolutamente correctas, sí que al menos podrían evitar que personas cuyos únicos méritos son ser lo suficientemente "pelotas" como para que el órgano correspondiente de su partido les coloque en un lugar privilegiado de las listas, accedan a gestionar asuntos de tanta trascendencia.

Sé que este es un tema muy controvertido, que muchas personas no estarán de acuerdo con lo que planteo pero, sinceramente pienso que cualquier no puede ser candidato a ciertos cargos, cualquiera no está capacitado para ser Alcalde, Consejero, Ministro, Presidente del Gobierno o Diputado.

El político no puede ser un político profesional, sino un profesional que quiera dedicarse por un tiempo a la política. El candidato debe de ser además alguien elegido de verdad por los ciudadanos y no una persona elegida por la dirección de su partido para formar parte de una lista en la que los electores solo podemos elegirla en su conjunto o no, sin alterarla, sin modificarla, sin excluir o incluir a nadie.

Creo que una combinación de exigencia mínima de conocimientos y experiencia previa, junto con listas abiertas y desbloqueadas daría oxigeno a un sistema electoral y a una democracia que no están en manos de los ciudadanos, sino en manos de los cuadros directivos de los partidos.

Si no puedo elegir a quién voto, realmente no puedo elegir. Y si los candidatos no pueden acreditar unos conocimientos, una formación, una experiencia que les capacite, al menos mínimamente para gestionar lo público, lo que es de todos, para tomar decisiones que afectarán a la vida de millones de personas, entonces no nos estamos asegurando de ser gobernados por los mejores sino, en muchos casos, por los más trepa de cada partido.

No es no también para usted, Sr. Sánchez

Pedro Sánchez, actual Secretario General del PSOE, ha repetido hasta la saciedad la frase: "no es no, Sr. Rajoy".

Pues bien, no es no, Sr. Sánchez, y la ciudadanía le ha dicho no por dos veces en séis meses. Todo lo que Pedro Sánchez está consiguiendo con su negativa a sentarse a negociar es colocar a su partido en la peor situación política de su historia, llena de ambigüedades y ejerciendo en la práctica de auténtico tapón, capaz de colapsar la situación política e institucional de España.

A mi me importa un pito la situación del PSOE, no es mi partido, nunca lo ha sido, y he estado en desacuerdo con muchas de las medidas y políticas que han llevado a cabo, pero lo que no le puedo perdonar al PSOE actual es su falta total de responsabilidad, su absoluta abdicación del papel en que las urnas le han colocado.

Nadie decente, honrado y responsable puede estar de acuerdo con la corrupción y con los corruptos, nadie. Pero ello no puede ser el parapeto tras el que colocarse para no asumir las responsabilidades que a cada uno le corresponden, en primer lugar porque no es, precisamente el PSOE, un partido que pueda sacar pecho presumiendo de la honradez de todos sus cargos electos. 

No hace falta recordar la multitud de casos de corrupción, tramas y entramados que han salpicado al Partido Socialista en todos y cada uno de los rincones de España: Filesa, Malesa, Times Sport, BOE, Banco de España, Ibercorp, RTVE, Guardia Civil, fondos reservados, AVE, hermanos Guerra, Limusa, MercaSevilla, ERE, cursos de formación, tarjetas black, y un largo etcétera que no reproduzco por no cansar.

Son casos de corrupción que abarcan desde finales de los años 80 hasta la actualidad, repartidos por toda la geografía española, de más y menos envergadura, pero todos con  un denominador común, personas vinculadas al PSOE estaban detrás.

Cierto es que en el PP hay corruptos, hay casos de corrupción, se han descubierto auténticas tramas de conseguidores y amañadores de contratos públicos a cambio de financiación, particular y del partido, pero no es menos cierto que exactamente lo mismo ocurre en las filas socialistas, por lo que tanto el argumento de que con Rajoy y el Partido Popular no pueden ni plantearse, tan siquiera, llegar a algún tipo de acuerdo o facilitar la investidura de Mariano Rajoy como Presidente del Gobierno, a mi no me vale.

Otro de los argumentos utilizados para afirmar aquello de que no es no, es que el Partido Popular es líder en recortes sociales. Falso, el PSOE de Zapatero aprobó la batería de medidas de recorte de gasto público más importante de la historia de España. Esta es una lista con los 18 principales recortes aprobados por el gobierno de Zapatero (obtenidos de la página web ecorepublicano.es):

1. La disminución de las retribuciones de los empleados públicos en 2010 y su congelación en 2011.
2. Congelación de las pensiones.
3. La eliminación de las posibilidades de jubilación parcial.
4. La eliminación del cheque-bebé a partir de 1 de enero de 2011, lo que implica junto a otros recortes menores una disminución de las prestaciones familiares de la Seguridad Social del -8,9%.
5. La pérdida del derecho a la retroactividad para las prestaciones de la Ley de Dependencia.
6. La exigencia de recorte del déficit hasta el 1,1% a las CC.AA. y del equilibrio presupuestario a los Ayuntamientos, que generará un recorte del gasto social en las competencias que ambas instituciones ejercen como, por ejemplo, está ocurriendo en Cataluña.
7. La disminución de la ayuda al desarrollo.
8. Reforma del Sistema Público de Pensiones. “El impacto agregado de la reforma se evalúa en un ahorro de 1,4% del PIB en 2030, 2,8% en 2040 y 3,5% en 2050. 
9. Aplicación de la tasa de reposición de sólo 1 por cada 10 empleados públicos que se jubilen. Esto supone que, al final del 2013 la disminución de empleados públicos en los servicios sociales habrá disminuido en torno al 10%, empeorándose así la calidad del servicio.
10. Reducción de los programas de ayuda en la vivienda, especialmente la limitación de la desgravación fiscal para la adquisición de viviendas pero también la promoción de las viviendas protegidas y la rehabilitación. En este último caso en un -19,3%. En conjunto “se valora en 0,3 puntos de PIB el recorte del gasto asociado”. 
11. Reducción del gasto en Sanidad en un 8,2% en los PGE de 2011 con relación a 2010.
12. Reducción del gasto en protección de desempleo del 1,6%. 
13. Los gastos en políticas de Empleo, donde se inscriben las políticas activas de empleo, experimentan un recorte del 5,5% 
14. Retraso en la aplicación de la ampliación del Permiso de Paternidad (recorte de unos 200 millones de euros) y recorte del conjunto de ayudas por Paternidad, Maternidad, riesgos del embarazo: -11%.
15. Recorte de las prestaciones por incapacidad temporal: -4,9%.
16. Recorte del Presupuesto para la aplicación de la Ley de Dependencia en un 5,4% 
17. Recorte del gasto en las políticas de Promoción Social (igualdad, violencia de género, juventud): - 8,8%.
18. Recorte de gastos en educación: 8,1%.

La cuantificación de los recortes en gasto público asciende, aproximadamente, a 78.000 millones de euros desde 2009, teniendo en cuenta que las cuantías destinadas a pensiones, intereses de la deuda y energía se han incrementado en 47.000 millones que han tenido que ser "compensados" con recortes en otras partidas. Y estos recortes los han aprobado y acometido tanto gobiernos del PSOE como del PP.

Sin entrar a valorar la bondad, necesidad o perversión de los recortes, lo que es una evidencia que no soporta discusión es que el PSOE también ha recortado gasto social, y lo ha hecho en muy grandes cuantías, repito, la mayoría de los expertos califican a los recortes aprobados por el gobierno del Sr. Zapatero como los mayores de la historia de España.

Por lo tanto, el segundo argumento que esgrime Pedro Sánchez para negarle el pan y la sal al PP se cae por su propio peso. El Sr. Sánchez no puede acusar al PP de hacer algo que no fue más que lo que ya hizo el PSOE.

Entonces, ¿porqué el PSOE toma la postura actual? En mi modesta opinión esta postura es el resultado de la reiteración durante tantos años, por parte del PSOE, de la idea de que el PP es la extrema derecha, el coco político, los nietos de los franquistas y poco menos que puede verse el azufre saliendo por sus poros.

Esa idea, repetida en el tiempo por todos los cuadros de mando del PSOE ha calado en sus simpatizantes y electorado y ahora es muy difícil y costoso políticamente, teniendo a su izquierda a PODEMOS, darle la vuelta al calcetín, para negociar y pactar con quienes se han hartado de acusar de ser el mismísimo demonio.

Lo peor de todo es que las consecuencias de esa errónea e irresponsable estrategia política la estamos pagando todos los españoles, por eso Sr. Sánchez, no es no, también para usted. No siga por este camino, no nos condene a limbo político, no haga más daño al país, y si todo eso le importa poco, no haga más daño a su partido.

La necesidad de que el voto de todos valga lo mismo

El pasado martes, Albert Rivera anunció, entre otras condiciones previas que el PP deberá aceptar para comenzar una negociación para alcanzar un pacto de investidura, la modificación de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, (LOREG), para que el voto de cada español valga lo mismo en cualquier lugar de España.

La importancia de esta premisa radica en que, en España, y en virtud de una intencionada interpretación torticera de la Constitución, no valen lo mismo los votos emitidos en Madrid que los emitidos en Teruel, por por poner dos ejemplos.

¿Y porqué ello es posible? Sencillamente porque las provincias menos pobladas están sobre representadas "gracias" a la distribución de Diputados por las distintas provincias que se hace en el artículo 162 de la LOREG:

Artículo 162

1. El Congreso está formado por trescientos cincuenta Diputados.

2. A cada provincia le corresponde un mínimo inicial de dos Diputados. Las poblaciones de Ceuta y Melilla están representadas cada una de ellas por un Diputado.

3. Los doscientos cuarenta y ocho Diputados restantes se distribuyen entre las provincias en proporción a su población, conforme al siguiente procedimiento:

• a) Se obtiene una cuota de reparto resultante de dividir por doscientos cuarenta y ocho la cifra total de la población de derecho de las provincias peninsulares e insulares.
• b) Se adjudican a cada provincia tantos Diputados como resulten, en números enteros, de dividir la población de derecho provincial por la cuota de reparto.
• c) Los Diputados restantes se distribuyen asignando uno a cada una de las provincias cuyo cociente, obtenido conforme al apartado anterior, tenga una fracción decimal mayor.

4. El Decreto de convocatoria debe especificar el número de Diputados a elegir en cada circunscripción, de acuerdo con lo dispuesto en este artículo.

De la lectura de tan farragoso artículo, desde luego no redactado para ser entendido con facilidad, se extraen algunas conclusiones como:

En todas las provincias se eligen, al menos, 2 diputados para el Congreso, independientemente de su población, y uno más por Ceuta y por Melilla, lo que suman 102 diputados.

Los restantes 248 diputados, hasta los 350 actuales, se intentan repartir de un modo proporcionado a la población provincial.

La trampa reside en que antes de ese reparto proporcional se han asignado "ex lege" 102 puestos, independientemente de si la población provincial es de 100.000 personas o 6.000.000. Eso desvirtúa por completo la segunda parte de la asignación de diputados, haciendo que como de todos es conocido, sea muchísimo más "caro" obtener un puesto de diputado por unas circunscripciones que por otras.

Este pernicioso sistema fue diseñado así por dos razones fundamentales: blindar el Parlamento a los dos grandes partidos, y favorecer a los partidos regionalistas y nacionalistas que, de este modo, al tener sus votos concentrados en menos circunscripciones electorales obtienen unos resultados en cuanto a número de diputados mucho mejores a los que realmente merecerían teniendo en cuenta el número real de españoles que les han votado.

¿Cómo cambiar esto y hacer de verdad el sistema electoral democrático? Muy sencillo, modificando la LOREG, con la aprobación de la mayoría absoluta de los miembros del Congreso para hacer que, de verdad, esto empiece a parecerse a una democracia. Para que el voto de quiénes vivimos en provincias muy pobladas no valga hasta siete veces menos que los votos emitidos en las provincias menos pobladas. 

Y porque lo contrario, mantener la situación actual, es tanto como contradecir el famoso artículo 14 de la Constitución Española: Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.

Yo no me siento igual que otros, no soy tratado igual que otros, y además ocurre en algo tan fundamental como a la hora de elegir a quiénes tendrán que conformar la mayoría para sostener un Gobierno y legislar.

Casi nada.

Porqué el PSOE no desbloquea la situación

El panorama político español continua en situación de bloqueo.

Algunas cosas son evidentes: el Partido Popular ganó de nuevo las elecciones, y no sólo eso, sino que además mejoró su resultado con respecto a diciembre de 2015, es más es el único de los 4 grandes partidos que lo hizo, si tenemos en cuenta que la coalición Unidos-Podemos obtuvo el mismo resultado que la suma de Podemos e Izquierda Unida en diciembre de 2015.

Y después de 2 elecciones y de prácticamente un año sin tomar grandes decisiones, salvo la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado para 2016, ¿qué se puede hacer?

Pues se puede hacer lo que Ciudadanos se ha comprometido a hacer, no votar a favor de la investidura de Mariano Rajoy, pero tampoco votar en contra, en resumen, desbloquear la situación, y el único que puede hacerlo, y debería hacerlo, es el PSOE.

Descartada la opción de que Unidos-Podemos "tolere" un gobierno del PP, y tras el compromiso de Ciudadanos, tan sólo queda la opción de apelar al sentido de estado y de la responsabilidad del PSOE.

Dentro del propio PSOE son muchas las voces de antiguos responsables y dirigentes, incluido Felipe González, que abogan por un cambio en la postura del Partido Socialista, que desbloqueé la situación y dé paso al comienzo de una nueva legislatura, incluyendo en esta corriente a algunos "barones" regionales como Fernández Vara como más destacadamente locuaz. 

Siendo esto así, ¿porqué los actuales dirigentes del PSOE se mantienen inamovibles en su postura? Sencillamente porque no tienen otra cosa que hacer que tratar, por todos los medios, que llegar al poder, alcanzar los sillones de mando, empezando por Pedro Sánchez. Es fácil hablar de ceder el paso a otros, de renunciar al poder, cuando quiénes lo dicen ya lo hicieron, lo difícil es hacerlo cuando nunca se llegó al objetivo, y cuándo ese objetivo aparece cada día más lejano y difícil.

Pedro Sánchez necesita asegurarse el futuro, dentro del partido lo primero, y de cara a la sociedad después. No puede enfrentarse a la situación de pasar por la Secretaría General del PSOE atesorando los dos peores resultados electorales de su historia, habiendo alimentado a un grupo político a su izquierda que, día a día, le resta apoyos electorales, sin un discurso único en toda España, con "barones" regionales que podrían ser calificados, al menos, como díscolos, y todo esto sin asegurar su futuro personal, demasiados fracasos a demasiada corta edad y sin aportar ninguna experiencia de gobierno, de gestión, de ostentación de poder. Escaso curriculum.

En el PSOE deberían comenzar por clarificar la situación de su Secretario General quién, día sí día también, se desayuna con el supuesto desembarco de Susana Díaz en Ferraz. Una vez desbloqueada la situación de la Secretaría General del PSOE será mucho más fácil que, quién quiera que la ostente, tome la decisión que muchos esperamos: desbloquear la situación, permitir un gobierno que dé inicio a la legislatura y que el PSOE encabece la oposición a dicho gobierno, por que para que haya oposición primero tiene que haber gobierno, y las urnas han dado como resultado que el PSOE debe estar en la oposición.

Pero la situación urge, y España no puede esperar a que se arreglen las cuitas internas de un partido político que, por muy importante que sea, su representatividad en el Congreso no alcanza si quiera el 25 % de sus miembros.