¿Esto es justicia?

Todos los días nos encontramos con diferentes noticias en las que, aunque parezca imposible, la justicia y las leyes están de parte del infractor, del delincuente o, simplemente, del jeta.

Hace pocos días saltó la noticia de una familia de Fuenlabrada que había sido denunciada por los okupas de su propia vivienda cuando los legítimos propietarios recuperaron lo que es suyo, aprovechando la ausencia por vacaciones de los okupas.

¿Cómo es posible que día sí y día también, nos desayunemos con noticias de violadores, ladrones, butroneros, atracadores, estafadores o asesinos que, habiendo sido puestos en libertad tras haber sido detenidos, han vuelto a delinquir?

Todos conocemos distintas asociaciones y ONG´s dedicadas a la defensa de los derechos de los delincuentes, pero conocemos muy pocas que se dediquen a lo contrario, a defender a las víctimas de esos delincuentes. ¿Y porqué no hay asociaciones, salvo las de víctimas del terrorismo, y poco más, dedicadas a defender a las víctimas? La respuesta es sencilla, en un estado de derecho, la defensa de las víctimas, el castigo de los delincuentes y preservar el cumplimiento de las leyes le corresponde al Estado, el cual ha de dotarse de los medios necesarios y adecuados para ello: leyes, policías, jueces, instituciones penitenciarias, etc.

¿Qué es lo que falla entonces en España?  En mi modesta opinión, lo que falla es el concepto mismo de la pena. La pena, según la Constitución Española, tiene varios objetivos: servir de castigo al delincuente, reeducarle, reinsertarle y resarcir a la víctima por el mal injustamente sufrido.

Quienes nos han gobernado durante los últimos 40 años sólo han puesto empeño en la reinserción y reeducación de los delincuentes, sin tener en cuenta que la pena, en su origen, siempre ha estado orientada, principalmente,  para servir de castigo a quien infringe las normas.

Es más, etimológicamente, pena proviene del termino griego poinè, que significa pagar, compensar. Es decir, su origen está en hacer pagar a quién ha infringido una norma, perjudicando con ello a otras personas. Pero en los últimos años, una mal entendida función social de la pena, que pone todo su empeño en la "salvación" del delincuente, ha dejado fuera de su protección a las víctimas, que deben pasar verdaderos calvarios para que les sean reconocidos sus derechos.

No es posible que quien okupa una vivienda, robándole su propiedad a su legítimo propietario, se vea protegido por normas y jueces que hacen prevalecer un supuesto derecho a la inviolabilidad del hogar, sin tener en cuenta si quien ocupa ese hogar tiene derecho a hacerlo. No es de recibo que la víctima de un robo, una violación, una estafa o cualquier otro delito, tenga que soportar como el delincuente sería de él en su propia cara, amparado por las leyes, porque si no sucediera así estaríamos condenando a quien merece todo nuestro respeto. Pero, ¿las víctimas no merecen respeto? 

Las víctimas somos todos, y una sociedad que no se respeta está condenada a fracasar, a dejar de existir como sociedad. 

Igualmente, una sociedad en la que no hay un mínimo de justicia y de seguridad jurídica, está condenada a sufrir la huida de aquéllos que podrían invertir su capital en ella, nadie se juega su dinero sin tener asegurado un sistema jurídico justo que castiga al que lo merece y que protege a quiénes han tenido un comportamiento ejemplar.

Hartos estamos de conocer noticias de corrupción y corruptos que apenas pisan la cárcel están fuera, bien porque los supuestos delitos han prescrito, bien por falta de pruebas, por que se considera que el delito cometido no es de la gravedad suficiente,..., en fin mil excusas para eludir el castigo.

Cuándo los jueces dan por buena la quema de banderas de España y de fotografías del Rey, no están amparando la libertad de expresión, están amparando la manifestación más vil de odio hacia lo que significa la nación española, representada por su bandera y su Jefe de Estado. Y la nación española se organiza en poderes, siendo uno de esos poderes es el judicial. Por lo tanto, los jueces que amparan esas conductas están amparando la destrucción del sistema judicial, del mismo Poder Judicial, como consecuencia de la destrucción de la nación española.

Por ello, si hemos de ver como se permiten esas conductas, ¿qué podemos esperar el resto de ciudadanos? Nada bueno, sólo esperar no tenérnoslas que ver en un juzgado o tribunal para defender nuestros derechos porque llevamos las de perder siempre.

Se hace necesaria una reforma tanto del Código Penal como de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que establezcan penas de verdad más duras para los delincuentes, que castiguen de verdad la reincidencia, que protejan a los ciudadanos que se muestran respetuosos con las leyes, haciéndoles entender que la víctima no tiene que avergonzarse de serlo, que no hay que buscar explicaciones al delito, el delincuente lo es porque lo es, nunca la culpa es de la víctima. Si usted tiene una vivienda cerrada porque, con esfuerzo durante toda su vida, ha podido comprar más de una, o porque la heredó, o por la razón legítima que fuera, usted no es culpable de que unos jetas le revienten la puerta, se metan dentro y ningún juez ni tribunal tenga las agallas suficientes para echarles de allí y les de cobijo dónde merecen, en la cárcel.

Si de verdad queremos preservar la nación española a las generaciones venideras debemos empezar por poner los cimientos hoy, y sin un sistema judicial fuerte, serio, severo, justo y que se respete a sí mismo haciéndose valer y cumplir, no hay nada que hacer, ni nos respetaremos nosotros mismos ni nos respetarán los de fuera, abocándonos al fracaso absoluto como nación, como pueblo y como organización.

El "problema ¿catalán?"

Casi 40 años tiene la recientemente celebrada Constitución, y en todo este tiempo el mal llamado "problema catalán" no ha dejado de crecer, regenerarse, ampliarse, magnificarse y ocupar buena parte de las preocupaciones de políticos y periodistas.

Pero, ¿porqué llamamos catalán a un problema que afecta a todos los españoles? Simplemente es otra concesión más a los independentistas, instigadores de todo ello.

Hay un amplio grupo de políticos y empresarios catalanes, y también vascos, no los olvidemos, a los que les interesa fomentar todo el tinglado independentista, aprovechando la mediocridad política española y el complejo de culpabilidad e inferioridad que siempre nos ha afectado a la mayoría de españoles.

Ellos no tienen más que esgrimir sus amenazas independentistas para conseguir más y mayores ventajas: más competencias, más financiación, más vista gorda ante el incumplimiento descarado de las leyes vigentes, empezando por la propia Constitución.

Y en esto, una vez más, se han comportado igual tanto PP como PSOE. Por culpa de una ley electoral que premia la representación de partidos de ámbito regional, los dos grandes partidos, cuando no han obtenido mayoría absoluta, no han dudado en echar mano de la chequera, que pagamos todos, para comprar el "imprescindible" apoyo de los independentistas, bajo el pretexto de mantenerlos en el mal llamado nacionalismo moderado (no hay nacionalismos moderados, no hay casi embarazos, o se está o  no se está embarazada, del mismo modo o se es o no se es nacionalista).

Pues bien, PP y PSOE, en lugar de llegar a acuerdos de estado en lo fundamental y dejar gobernar al partido más votado en el resto de cuestiones, han preferido engordar a la bestia, alimentar a la bicha, hacerla partícipe de todo, hacerles creer importantes, cuando no representan, sumados todos los partidos independentistas, más del 5 % del cuerpo electoral de España (y digo España, no estado español, eso lo dejo para aquellos a los que les produce urticaria el término España).

Grave, gravísimo error que vamos a pagar, que estamos pagando todos, en varios frentes y de varias formas: extensión de "sentimientos" nacionalistas dónde nunca los hubo, crecimiento de la indolencia y el envalentonamiento de estos individuos, extensión del pensamiento único en las regiones controladas por nacionalistas, desconfianza de la mayoría de españoles hacia sus políticos, intentos del gobierno de España de turno de comprar la "buena voluntad" de los nacionalistas a base de mayores competencias, mayor financiación y más seguir haciendo la vista gorda con todos sus desmanes, y así en un constante suma y sigue, en una constante espiral sin fin, sin freno, sin sentido y sin el más mínimo pudor, ni por parte de los que chantajean y extorsionan, ni por parte de los que dicen gestionar la situación, por el bien de todos, desde el respeto, ¿respeto a qué, a quiénes? ¿a quiénes no respetan nada? Error tras error, suma de errores.

El primer, el fundamental y principal acuerdo al que deberían llegar PP, PSOE y Ciudadanos es el de un pacto de estado en defensa de la unidad de la nación española. Pacto por el que los 3 partidos firmantes debieran comprometerse a favorecer el gobierno de la lista más votada, comprometerse a no venderse jamás a aquéllos cuyos únicos objetivos son la destrucción de España y su propio interés. 

Un pacto así debería también acometer una reforma, tanto de la Constitución, como de las leyes que fueran necesarias, empezando por la Ley Electoral. Las reformas deberían permitir cerrar, de una vez por todas, las competencias autonómicas y estatales, reservándose el estado una amplia competencia de armonización de algo tan importante como la educación. No se puede consentir que desde la escuela se utilice al sistema educativo como arma de lavado de cerebro de los niños, y eso lo están consintiendo los distintos gobiernos de España sin mover un solo dedo. Debería también acometerse la disposición de una serie de consecuencias, lo más duras y severas posibles, para aplicar a aquellos responsables políticos que incumplan sus obligaciones, la primera respetar las normas, todas, incluida la Constitución de la que emana su situación y el poder que ejercen. Otra medida a adoptar es la reforma de la ley electoral para llevar a cada partido político al lugar que le corresponde en el Congreso de los Diputados. Nada se consigue dándole regalitos a quien no quiere sentirse español, tan sólo alimentar el vicio de seguir pidiendo mientras haya unos tontos que no dejen de dar.

Por último, no podemos esperar ni pretender que nuestros compatriotas en Cataluña o en el País Vasco se conviertan en héroes en la defensa de España y su unidad cuando los propios políticos patrios, a los que pagamos el sueldo, sus prebendas y ventajas no toman las medidas necesarias para atajar el problema de los nacionalismos, y este problema no surgió hace unos meses, lleva creciendo de forma imparable los últimos 40 años, y sin signos de que vaya a dejar de hacerlo, sino más bien todo lo contrario.

Por eso, no comparto aquello de el "problema catalán". El problema es de España, de la falta de orgullo de sentirnos españoles, de la falta de coraje y valentía de la mayoría de nuestros políticos. Un problema de españoles entre españoles.

¿Qué es ser liberal?

Este fin de semana se está celebrando en Varsovia (Polonia) el Congreso anual de la asociación de partidos políticos liberales de Europa (ALDE).

 

Ciudadanos es el único partido español, de ámbito nacional, que forma parte de ALDE. Es el único que, en su ideario, defiende el liberalismo como fundamento de su acción política. Pero, ¿qué significa y qué es ser liberal?

 

A mi entender, ser liberal es todo lo contrario de la forma en la que se gobierna España. Ser liberal es dejar que sean los ciudadanos los que tomen sus propias decisiones. Tomarlos como adultos, capaces y responsables, para que sean ellos solos los que decidan que modelo educativo, sanitario, asistencial o de pensiones desean recibir y al que desean contribuir.

 

En mi forma liberal de entender la sociedad, las cargas tributarias, necesarias por otro lado, se reducen al mínimo imprescindible para mantener el estado en funcionamiento y cohesionado, pero liberando a la ciudadanía de la carga de tener que mantener los chiringuitos y negocietes de tantos.

 

Los cargos políticos se reducirían sensiblemente, no es necesario un  Senado con más de 230 miembros para replicar sin más lo que el Congreso ya ha decidido. No es necesario un político rodeado de asesores, necesitamos políticos que no necesiten asesores, porque ellos solos capaces y suficientes para analizar, pensar y decidir.

 

No tendría cabida la corrupción. De ningún tipo ni de ningún orden. Independientemente de la cuantía y del personaje implicado, la corrupción es la mayor falla de nuestra sociedad, nos está costando cantidades ingentes de dinero y recursos. Y no sólo hablo de la corrupción política, también cada uno de nosotros comete o puede cometer actos de corrupción. No declarar todos los ingresos, hacer cobros en dinero negro, ocultar operaciones comerciales para no pagar impuestos,..., todo eso es corrupción. Y desde luego no es una jugada al fisco, es una estafa a la sociedad.

 

En el modelo liberal que yo entiendo, cada ciudadano debe elegir, tiene el derecho pero también el deber de elegir qué tipo de sanidad o de educación quiere: pública o privada, y será él mismo el que sufrague con sus ingresos el modelo que elija, pero no se obligaría a pagar, vía impuestos, unos servicios ineficientes e ineficaces, que en muchos casos no cumplen los principios y objetivos que son su razón de ser.

 

Desde luego, en una sociedad liberal,  cada ciudadano elige qué modelo de pensiones le apetece más para el futuro, aportando parte de sus ingresos a aquella compañía, pública o privada, de su elección, sin que sean además las leyes las que determinen su fecha de jubilación, sino su capacidad de ahorro y su propia decisión.

 

En un estado liberal las normas no se entrometen en la vida de los ciudadanos más allá de lo imprescindible, se deja a cada cual vivir, desarrollarse, crecer, educarse y pensar por sí mismo, en libertad y por la libertad.

 

Y por supuesto, esto no implica que la sociedad de desentienda de los menos favorecidos, de aquellos que necesitan algún tipo de ayuda o apoyo. No, no estoy diciendo eso. Pero lo que no puede es llevarse la supuesta solidaridad al extremo de pretender que poco más que un tercio del país saque adelante a los dos tercios restantes, eso es imposible, inviable y de locos.

 

La historia nos ha enseñado, discursos partidistas al margen, que las sociedades más liberales son las que más deprisa se han desarrollado y las que mayores cotas de prosperidad y bienestar han alcanzado. En Europa hay dos modelos bien diferenciados: uno de países intervencionistas, unas veces más de pseudoiquierda y otras veces más conservadores, como son Italia, Francia, Bélgica, España, Portugal, Grecia y desde luego en su momento todos los del bloque comunista, y otro grupo de países de corte liberal: Dinamarca, Holanda, Alemania, Austria, Irlanda, Lituania, Estonia, Letonia, y otros más.

 

No hace falta explicar que todos los del segundo grupo, los liberales, han sorteado la actual crisis con muchísimos menos estragos que los intervencionistas, con una tasa de paro que roza el pleno empleo, con una renta per cápita más alta y, en el caso de las repúblicas bálticas o Irlanda, pasando de una situación más cercana a la pobreza a otra en la que se han convertido en países prósperos, punteros, competitivos y atractivos para las inversiones, motor de toda economía.

 

Por lo tanto, a la historia y a las pruebas me remito. Muchos cantos de sirena, muchas buenas intenciones, pero al final, lo que hace prosperar a un país son las inversiones, y éstas se producen si hay garantías y condiciones que las aseguren desde el punto de vista político y jurídico, sin riesgos de intervencionismo por parte del político de turno, y a eso solo se llega a través de la política liberal.

 

Salvemos las pensiones

Desde hace ya muchos años, de forma recurrente y periódica, se dan a conocer datos e informaciones que advierten y, en algunos casos amenazan, del fin del actual sistema de pensiones.

Ya en tiempos de Felipe González en la Presidencia del Gobierno, se recomendaba a los españoles suscribir planes privados de pensiones, ante la falta de perspectivas de futuro del sistema público.

Pero los años han ido pasando y las pensiones de la Seguridad Social siguen existiendo, si bien es verdad que después de haberse llevado a cabo varias reformas del sistema que, según sus impulsores, han asegurado su mantenimiento. Aunque no con la garantía de permanencia necesaria pues, de lo contrario, no sería necesario recordarnos, cada poco tiempo, que el sistema está caduco y condenado a quebrar si no se toman las medidas oportunas.

Hasta ahora las medidas tomadas y las que más suenan como próximas a tomar han consistido, básicamente, en retrasar la edad de jubilación ordinaria y en hacer menos cuantiosa la pensión de jubilación a base de incrementar los años a tener en cuenta para el cálculo de la pensión.

Pero estas medidas son insuficientes cuando, como en la actualidad, no hay siquiera 2 cotizantes por cada pensionista,  (el último dato habla de 1,8 cotizantes por cada pensionista). Además se añade que las cotizaciones de los trabajadores están estancadas o en retroceso, sobre todo en los últimos años de crisis, lo que hace muy difícilmente viable el sistema actual.

La realidad demográfica del país tampoco ayuda lo más mínimo, sino todo lo contrario, se incorporan menos personas al mercado laboral que las que salen de él para cobrar su pensión de jubilación.

Por lo tanto, así las cosas, el futuro de las pensiones públicas, tal cual lo conocemos, es bastante negro y, aunque de vez en cuando nos avisen de ello, lo cierto es que muy pocas personas tienen el valor suficiente de exponer con claridad cuáles son los males y cuáles son los remedios a la situación. Lo fácil es retrasar la edad de jubilación a los 67, 69 ó 70 años, pero eso no cambia la estructura, los fundamentos del sistema, que siguen siendo los mismos, y esas bases del sistema son las que no funcionan porque fueron planificadas en un momento absolutamente distinto al actual, tanto en lo económico, como en lo social o demográfico.

Se intenta mantener una falacia. Que nuestro sistema es de reparto. No, no es de reparto, no al menos del tipo de reparto que nos quieren hacer creer. El sistema actual se nutre, en gran medida de los impuestos, no sólo de las cotizaciones de los trabajadores y empresas. Esas cotizaciones ya no alcanzan para pagar el montante total de las pensiones, por lo tanto, aquello que nos anuncian para un futuro ya ha sucedido, el sistema ha quebrado, los gastos superan a los ingresos, año tras año.

Con estos datos lo único que se puede afrontar es un cambio radical del sistema, desde el actual falso sistema de reparto a un futuro inmediato sistema de capitalización, en el que se fomente la cotización más elevada para todo aquél que pueda.

Las líneas maestras de ese nuevo sistema (nuevo en España, pero para nada nuevo en el mundo, sino todo lo contrario, casi ningún país europeo mantiene el sistema como en España), deberían de ser, a mi modo de ver, las siguientes:

1. Obligatoriedad de suscribir un seguro de jubilación que cubra, como mínimo la jubilación por edad, por enfermedad o por accidente, así como la baja laboral por enfermedad o accidente.
2. El seguro no tiene porque ser público, dando entrada a las aseguradoras y entidades privadas, promoviendo con ello la competencia y la excelencia.
3. No tiene porqué haber una edad mínima de jubilación, cada cual podría jubilarse cuando hubiera alcanzado lo suficiente para vivir con la pensión. Esto que parece tan utópico funciona en países como Chile, y funciona bien.
4. El Estado debe crear un mecanismo de control y supervisión ágil y eficaz de todo el sistema.
5. Para aquellos casos en los que se produzcan situaciones de insuficiencia en cuanto a la pensión generada sería el Estado, a través de los presupuestos, quien garantizaría la cobertura mínima razonable.

En este sistema sería básico el buen funcionamiento de los mecanismos de supervisión, para evitar tanto la mala gestión de los fondos de pensiones como el fraude por parte de los cotizantes que quisieran evitar cotizar más a la espera de recibir del estado, en el momento de la jubilación, el complemento que se estableciera. Los medios actuales deben permitir realizar esa labor sin demasiados problemas, con la planificación y personal suficientes y adecuados.

Pocos se atreven a llamar a las cosas por su nombre, pocos se atreven a arremeter contra este supuesto sistema de reparto, rindiendo así sumisión a la tan cacareada política social, pero ¿qué hay más social que asegurar un sistema de pensiones que permita a las personas tener una vejez tranquila y sin sobresaltos?

No decir la verdad, no llamar a las cosas por su nombre, no querer ver el problema que tenemos ni las soluciones que lo resolverían es alargar la agonía de un sistema muerto. Cuanto más tardemos en arreglarlo mucho peor será el problema y mayor el riesgo de que nos estalle en las manos.

Pablo Iglesias S.A.

Han salido publicadas hoy en los medios de comunicación las declaraciones de bienes de los miembros del Congreso de los Diputados. Todo dentro de la normalidad.

Lo que me llama la atención son los ingresos y patrimonio que declaran algunos de ellos. Por ejemplo, la declaración de Pablo Iglesias, Secretario General de Podemos, a mi personalmente me produce, cuándo menos, sorpresa.

El Sr. Iglesias declara ingresos por varios conceptos: como Diputado en el Parlamento Europeo, como dirigente de Podemos, como miembro de la Universidad Complutense y derechos de autor y presentador de televisión. Todo ello sumó aproximadamente unos ingresos anuales de 120.000 €, o lo que es lo mismo, 10.000 € mensuales. Y ademas, afirma el Sr. Iglesias tener depósitos bancarios por valor de 125.000 €.

No me parece mal que la gente, gracias a su esfuerzo, a sus conocimientos y a su trabajo, pueda aumentar sus ingresos, mejorar su patrimonio y ascender dentro de la llamada pirámide social. Lo que ya no comparto es que, quien se autocalifica como uno de los de abajo que va a por los de arriba, resulta estar muy arriba, mucho más de lo que está el tipo medio de sus votantes.

El sueldo medio en España en 2015 se ha calculado en 26.259 € al año, o lo que es lo mismo, 2.188 € mensuales, casi 5 veces menos de lo que declara Pablo Iglesias también para 2015. ¿Esto le hace perder legitimidad como representante político? No por si mismo, pero sí le hace quedar como un perfecto mentiroso. Un político falso y que tan sólo pretende vender imagen, la imagen que se ha fabricado de sí mismo.

Pablo Iglesias vive bien, muy bien, a pesar de las camisas arrugadas y los pantalones 2 tallas grandes. A pesar de la coleta mal recogida. Vive mucho mejor que la inmensa mayoría de los españoles. No es el paria que intenta representar, no tiene nada que envidiar al Presidente del Gobierno, a Pedro Sánchez o a Albert Rivera, sólo por comentar los más conocidos.

Debería ser menos mentiroso, menos dedicado al postureo y más a explicar su inexplicable programa político, basado en el populismo y en la profusión de medidas de cara a la galería de aquéllos que están dispuestos a creer que el maná lo tenemos en los grifos de casa.

Las medidas que Podemos propone no hay país que las aguante, pero a quien tiene el riñón bien cubierto poco le importa si el resto de la sociedad acaban pagando una deuda descomunal por el resto de su vida, sin posibilidad de invertir y crear riqueza, condenados a pagar unos intereses generados por una pandilla de hijos de papá, acostumbrados a tener cuánto se les antoja, con fuertes ingresos, con buen patrimonio y con el futuro laboral asegurado.

La realidad a la que dicen representar no la conocen. Trabajar 10 ó 12 horas diarias por sueldos que no alcanzan ni los 1000 € no lo conocen. Sacar adelante una familia con esos ingresos, pagando hipoteca o alquiler, suministros, gastos escolares, ropa, transporte y con la inquietud de no saber si cobrará a fin de mes o si será o no despedido, no lo conocen. Y mucho menos conocen vivir de un subsidio, si es que lo hay, tras años de paro.

Algunos de estos, que se las dan de defensores de los más desfavorecidos de la sociedad, son incapaces de moverse sin vehículo, a ser posible oficial, viajan en primera, hacen viajes que muchos otros no pueden ni soñar.

Por lo tanto, algunos deberían aplicarse eso de "menos predicar y más dar trigo". 

Pedro Sánchez y las rondas

Ayer, desde el PSOE se anunció el inicio de una "ronda de contactos" con todos los representantes del resto de partidos políticos con representación parlamentaria, excepto con Bildu, para explorar la posibilidad de formar una alternativa de gobierno.

Poco después de hacer el anuncio, desde el PSOE se apresuraron a explicar que, a pesar de esa ronda que pretendía iniciar su líder, Pedro Sánchez no tiene intención de postularse como candidato a la Presidencia del Gobierno.

Y si esto es así, si realmente Pedro Sánchez no va a intentar su investidura, ¿para qué hace va a hacer esa ronda?

Pues sólo se me ocurre una razón: SUPERVIVIENCIA.

Pedro Sánchez sabe que no es líder para el PSOE, sabe que desde los varones regionales de su partido, como Emiliano García Page, Guillermo Fernández Vara y, sobre todo, Susana Díaz, que desde su atalaya andaluza está esperando a que sea convocado el Congreso del partido para optar a la Secretaría General, cargo que se llevará de calle, sin ninguna duda, relegando al olvido a Pedro Sánchez, el líder socialista que ostenta el triste record de llevar, por dos veces a su partido, a las cotas más bajas jamás conocidas.

Pedro Sánchez no es líder para el PSOE, no creo que pudiera liderar ni la más ínfima asociación vecinal, carece de carisma, de ideas y de proyecto. Un líder político debe ser recordado y valorado por sus ideas, por sus proyectos, por las soluciones que pueda aportar a los problemas de la sociedad a la que pretende representar, pero Pedro Sánchez sólo aporta una cosa: su figura, su pose, su pretendida belleza, pero eso no es aval para quién pretende liderar los designios de un país.

Así que, la supuesta ronda de contactos, que puede ser cualquier cosa menos precisamente lo que Pedro Sánchez dice que es, no queda en más que un postureo barato a costa de la incertidumbre política, con el único objetivo de darse una prórroga más, porque entre llamadas y rellamadas, entre conversaciones y entrevistas, el tiempo va pasando, se acercará el final del período constitucional de 2 meses para la convocatoria de unas nuevas elecciones, y él, Pedro "el guapo", seguirá liderando un partido desnortado, sin ideas, sin proyecto ni programa. Un partido que dice cada día y en cada lugar de España una cosa distinta, siempre dispuesto a contentar a quiénes odian España, a quiénes quieren destruirla y acabar con la nación más antigua de Europa, y todo por no reconocer que, aunque de ideas distintas, también hay buenos españoles en partidos de centro-derecha. 

Pero eso a Pedro Sánchez no le importa, siempre que su liderazgo y su escaño estén asegurados, siempre que pueda seguir vendiendo un enfrentamiento entre una mitad de España con la otra mitad, del que obtener rendimiento político, lo demás no le importa.

Y es que, como ya dije antes, ser más o menos agraciado físicamente no es aval para liderar nada, salvo un concurso de belleza.

Sufragio pasivo universal ¿un derecho personal o una rémora social?

Desde que tuvieron lugar las revoluciones políticas liberales del siglo XIX y, sobre todo, desde el constitucionalismo europeo del siglo XX, se ha extendido por todas las democracias occidentales, el derecho al sufragio pasivo universal, de tal modo que, cualquier persona mayor de edad, y que no haya sido condenada por determinados delitos o incapacitada legalmente, podrá ser candidato en unas elecciones de carácter político.

De este modo, cualquiera puede llegar a ser Concejal, Alcalde, Presidente de Comunidad Autónoma, Consejero, Diputado, Senador o Presidente del Gobierno.

Y esto, que habitualmente se explica como una gran virtud de la democracia, también puede ser catalogado como una rémora para la sociedad. El sufragio pasivo universal fue un auténtico logro, una avance sin discusión, en una sociedad en la que amplísimas capas de la misma carecían de la más básica formación, superando el sufragio censitario en el que sólo los poderosos tenían acceso a la gestión de los asuntos públicos, promoviendo la endogamia política, pero en pleno siglo XXI no es de recibo que el conserje que le abre la puerta al Alcalde cada mañana tenga que pasar un proceso selectivo, una oposición, en la que, entre otras cuestiones, debe demostrar unos conocimientos mínimos de Derecho Constitucional, de Derecho Administrativo y de Procedimiento Administrativo, mientras que el Alcalde al que franquea el paso lo es sin necesidad de haber demostrado ningún conocimiento apropiado para el cargo, ninguna experiencia previa, nada, tan solo haber sido colocado en el lugar adecuado de una lista electoral.

Si unimos lo anterior al hecho de que las listas electorales son cerradas y bloqueadas (salvo en el caso del Senado), ello explica en parte la manifiesta incapacidad de algunos de los cargos políticos que nos representan y gestionan.

Vivimos en el año 2016, en Europa. El nivel de vida, en líneas generales, es bastante aceptable, cualquier persona de cualquier clase social (con excepciones sobre las que habrá que actuar para corregirlas), puede acceder a cualquier nivel de estudios y formación, sólo hacen falta interés, ganas, tesón y esfuerzo. Por lo tanto, del mismo modo que para servir los asuntos públicos como funcionario, se exigen, en función del puesto al que se opta, una titulación mínima para poder acceder a la oposición y, después, demostrar unos conocimientos mínimos y en competición con otras muchas personas, del mismo modo,digo, quiénes opten a ocupar puestos de carácter político, representando a la sociedad o gestionando asuntos públicos desde puestos políticos, deberían demostrar unos conocimientos mínimos que, aunque no puedan garantizar que la gestión y la toma de decisiones puedan absolutamente correctas, sí que al menos podrían evitar que personas cuyos únicos méritos son ser lo suficientemente "pelotas" como para que el órgano correspondiente de su partido les coloque en un lugar privilegiado de las listas, accedan a gestionar asuntos de tanta trascendencia.

Sé que este es un tema muy controvertido, que muchas personas no estarán de acuerdo con lo que planteo pero, sinceramente pienso que cualquier no puede ser candidato a ciertos cargos, cualquiera no está capacitado para ser Alcalde, Consejero, Ministro, Presidente del Gobierno o Diputado.

El político no puede ser un político profesional, sino un profesional que quiera dedicarse por un tiempo a la política. El candidato debe de ser además alguien elegido de verdad por los ciudadanos y no una persona elegida por la dirección de su partido para formar parte de una lista en la que los electores solo podemos elegirla en su conjunto o no, sin alterarla, sin modificarla, sin excluir o incluir a nadie.

Creo que una combinación de exigencia mínima de conocimientos y experiencia previa, junto con listas abiertas y desbloqueadas daría oxigeno a un sistema electoral y a una democracia que no están en manos de los ciudadanos, sino en manos de los cuadros directivos de los partidos.

Si no puedo elegir a quién voto, realmente no puedo elegir. Y si los candidatos no pueden acreditar unos conocimientos, una formación, una experiencia que les capacite, al menos mínimamente para gestionar lo público, lo que es de todos, para tomar decisiones que afectarán a la vida de millones de personas, entonces no nos estamos asegurando de ser gobernados por los mejores sino, en muchos casos, por los más trepa de cada partido.