¿Hay sitio en España para un partido como Ciudadanos?

Hoy ha dado comienzo la IV Asamblea General de Ciudadanos, o para que se entienda mejor, el Congreso de Ciudadanos. Son muchos los que se preguntan si un partido como Ciudadanos, declaradamente centrista, reformista y liberal, tiene sitio en España.

Yo planteo la pregunta de otro modo ¿por qué hasta ahora ningún partido político cubría este espacio ideológico en España?

La respuesta atiende a varios factores, pero desde luego lo fundamental es que tanto a PP como a PSOE no les ha interesado nunca la aparición de un tercer partido, con implantación nacional, capaz de hacerles frente, de rebatirles, de demostrar a la sociedad que otra política y otros resultados son posibles. Y digo tercer partido con implantación nacional con toda la intención. No considero a Podemos ni un partido, ni con implantación nacional. El día que se les acaben de romper las costuras veremos cómo se desgrana en un mínimo de 6 grupos, unos marcadamente regionalistas y nacionalistas, y otros de carácter más estatal, pero absolutamente enfrentados entre sí y consigo  mismos. Pero en fin, esa es otra historia.

Volviendo a la pregunta inicial. Creo que la mayoría de los españoles no es realmente ni de derechas ni de izquierdas, aunque a base de repetir las mismas frases en casi todos los medios de comunicación en los últimos 40 años, la inmensa mayoría se encuentra en una cosa o la otra, pero sin saber ni qué significa ni si aquél partido con el que aparentemente se siente más representado, realmente lleva a cabo una política más o menos parecida a la supuesta ideología que dice defender.

La mayoría de los españoles, de nosotros, queremos que nuestro país funcione, que los servicios sanitarios funcionen y no tener que padecer largas listas de espera cada vez que necesitamos una revisión, una mamografía, un diagnóstico de un especialista. Los españoles queremos un sistema educativo que prepare a las personas para convertirse en ciudadanos formados, responsables y libres, no en autómatas, que puedan competir con los ciudadanos de otros países en igualdad de condiciones. Los españoles queremos un sistema tributario que no nos exprima hasta la última gota, que no suponga un saqueo, a veces por triplicado, cada vez que se realiza una operación empresarial, de consumo, de ahorro, o que heredamos. Los españoles queremos unos servicios sociales útiles, que sirvan para algo, que ayuden a quien lo necesita pero que no supongan un nido de corrupción, de enchufismos y amiguismos. Los españoles queremos ser gobernados por unos políticos limpios, honrados, éticos, responsables, capaces y preparados.

Todo eso que los españoles queremos es más fácilmente alcanzable sin dogmatismos ideológicos de izquierda o derecha. Es mucho más fácil sin enfrentar a una mitad de la población contra la otra mitad, si no se utiliza al otro como excusa de nuestra propia mediocridad, de nuestra ineptitud, y algunos casos, absoluta inutilidad.

Hasta ahora, con el sistema implantado de dos grandes partidos, ninguno de los dos partidos tenía nada que perder, tan sólo tenía que saber esperar. Tarde o temprano el que estaba en la oposición volvía al gobierno, en una diabólica noria en la que veíamos pasar a un partido sustituir al otro, pero sin que los problemas reales se resolviesen.

Y en esto llegó Ciudadanos, con nuevas gentes, nuevas ilusiones, nuevas ideas, identificando cada problema, poniéndole nombre y causa y, sobre todo, aportando soluciones, y todo eso en un país en el que gran parte de la clase política, económica, empresarial y periodística, se había acomodado a esa gran noria de alternancia política. Es difícil de digerir para muchos, sobre todo porque sí es posible un partido de centro, es posible, es bueno, es necesario y mucha gente lo estaba esperando.

Los problemas tienen soluciones, y las soluciones son como son y hay que aplicarlas con responsabilidad y claridad de prioridades. Pero las soluciones no son de izquierdas o derechas. En la carretera se avanza por el centro del carril,  avanzar muy a la derecha supone arriesgarnos  a  salirnos de la calzada, intentar adelantar siempre por la izquierda acabará en un choque contra quien venga de frente.

Ciudadanos se define como un partido español, de centro, liberal y progresista. Ese es su sitio. El sitio de los que no creen en los extremismos ni en los enfrentamientos, el sitio de los que quieren vivir en libertad y en paz. El sitio de los que creen en España y en los españoles, de los que creen que todos somos iguales, independientemente de la región en la que hayamos nacido o vivamos. El sitio de Ciudadanos es el sitio de los que creen que a los problemas hay que darles solución, no maquillaje estético, con el objetivo de avanzar, de vivir mejor y de hacer de este país, España, más próspero, más libre y mejor para sus ciudadanos. Ese es el sitio de Ciudadanos.

Los países a los que todos los políticos españoles dicen querer parecerse, incluidos los de Podemos, los del norte de Europa, aplican políticas como las que Ciudadanos defiende para España. Son países gobernados por coaliciones de partidos en las que los de centro-liberal ocupan un lugar y juegan un papel fundamental.

Si para aquellos países los partidos de centro sirven y tienen un lugar privilegiado, para España, sin lugar a dudas, también, y algunos tendrán que acostumbrarse.

Cataluña, o el día de la marmota

Y voy a comenzar admitiendo un primer error en este artículo: el título. No es Cataluña la que está poniendo en jaque al estado español, son algunos políticos catalanes y la inacción del gobierno español los que están poniendo, a los pies de los caballos, a la nación moderna más vieja, en el mejor sentido de la palabra, de Europa.

Día tras día nos encontramos con nuevos desafíos, nuevas muestras, unas solapadas otras gritadas a los cuatro vientos, de la hasta ahora irremediable marcha de Cataluña hacia la desconexión de España, o lo que es lo mismo, hacia un golpe de estado, alentado por unos y no respondido por otros, por el que una amplía minoría quiere imponer a todos los catalanes y, por extensión, a todos los españoles, una república catalana independiente.

Y ante este mal llamado desafío, más bien golpe de estado anunciado, ¿qué hacen los poderes públicos españoles? En mi humilde opinión nada. Poner la otra mejilla, en una dudosa, por lamentable, interpretación del pasaje bíblico. Los responsables públicos tiene, como primera obligación, la defensa de la legalidad vigente, la defensa de la continuidad indiscutible del estado, de su preeminencia, de su monopolio del ejercicio de la fuerza para el mantenimiento del orden establecido.

Pero en España no ocurre así, algo que en países vecinos como Francia, Italia o Alemania es absolutamente impensable, en España es de lo más normal. Aquí ningún poder público, ningún responsable político de envergadura ha tomado la más leve decisión al respecto. Todo se deja pasar, todo intenta solucionarse con el ya veremos, no se atreverán, están forzando la situación para obtener mayores ventajas fiscales, competenciales y de financiación,

Pero, ¿y si no se conformasen con más dádivas? ¿Y si realmente se imponen las tesis de la CUP y sus socios de ERC y de la antigua Convergencia se pliegan a los deseos de los primeros y convocan un referendum abiertamente independentista? ¿No es hora ya de que el Gobierno y los Jueces actúen de una vez y se dejen de discursos biensonantes pero huecos?

El artículo 155 de la Constitución es muy claro:

1. Si una Comunidad Autónoma no cumpliere las obligaciones que la Constitución u otras leyes le impongan, o actuare de forma que atente gravemente al interés general de España, el Gobierno, previo requerimiento al Presidente de la Comunidad Autónoma y, en el caso de no ser atendido, con la aprobación por mayoría absoluta del Senado, podrá adoptar las medidas necesarias para obligar a aquélla al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones o para la protección del mencionado interés general.

2. Para la ejecución de las medidas previstas en el apartado anterior, el Gobierno podrá dar instrucciones a todas las autoridades de las Comunidades Autónomas.

Creo, sinceramente, que ya hay muestras, hechos, datos, comportamientos y toma de decisiones suficientes por parte del Presidente de la Comunidad Autónoma de Cataluña, Consejeros y Presidenta del Parlamento de Cataluña para aplicar el artículo 155 de la Constitución, de lo contrario, la inacción, el no hacer nada salvo lanzar bonitos discursos, frases hechas y sacar pecho, supone tanto como, aplicando un principio del derecho penal, ser culpable in vigilando de lo que pueda suceder después. Y tiene toda la pinta de que va a suceder.

LA DEMAGOGIA CONTRA LOS EMPLEADOS PÚBLICOS

En algunos medios de comunicación, y algunos supuestos sesudos pensadores, basan la mitad de sus argumentos en sus intervenciones públicas en un supuesto exceso en el número de efectivos que conforman el personal de las administraciones públicas en España, y en la consiguiente necesidad de recortar dicho número como medida de austeridad que, según ellos, sin duda servirá como acicate a la economía nacional, haciéndola más competitiva, permitiendo la bajada de la presión fiscal y por consiguiente, aumentando la renta disponible de personas y empresas.

Pues bien, además de las ideas hay que poner datos, y los datos son los siguientes:

NÚMERO TOTAL DE EMPLEADOS PÚBLICOS AL FINALIZAR 2015
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	NÚMERO DE EMPLEADOS
Comunidades Autónomas (incluye sanidad y educación)	1.685.100
Administración local (ayuntamientos, diputaciones y cabildos)	592.000
Administración Central	528.800
Seguridad Social	32.900
Empresas e instituciones públicas	153.900
Resto	6.500
TOTAL	2.999.200

La población activa total en España asciende, aproximadamente, a 22.760.000 personas, por lo que los casi 3.000.000 de empleados públicos suponen un 13,18 % de la población activa total, porcentaje similar al de los principales países europeos. En Alemania, por ejemplo, el porcentaje se sitúa en el 13%; en Italia en el 11%; mientras que en Reino Unido y Francia rondan el 16% (Datos extraídos del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, INE y Eurostat).

Si se relaciona el número de empleados públicos con la población total, el resultado es revelador:

España es, tras Austria, Portugal e Italia, el cuarto país de la Unión Europea con menos empleados públicos por habitante,  con una relación de 1 por cada 16.

En el otro lado, coincidiendo con los países de la Unión con mayor desarrollo del Estado del bienestar, se encuentran tres países nórdicos a los que la práctica totalidad de los políticos y contertulios españoles dice envidiar: Dinamarca, Suecia y Finlandia, que cuentan con alrededor de un trabajador público por cada 4 habitantes.

Pues bien, vistos estos datos, y teniendo en cuenta que en esos 3.000.000 de empleados públicos españoles están incluidos los cuerpos policiales, jueces y fiscales, personal docente y personal sanitario, ¿alguien puede seguir sosteniendo que el mal de este país es el elevado número de empleados públicos?  Yo, sinceramente, creo que no.

Cosa distinta es la cuestión de los altos cargos, asesores y demás personal de confianza que, sin el filtro de un procedimiento público, de libre concurrencia, en el que primen los méritos, la capacidad y la igualdad, llenan las altas esferas de nuestras administraciones.

Personal eventual, nombrado y separado libremente por el cargo político que los elige, generalmente para intervenir en asuntos y cuestiones para los que ya existen cuerpos de funcionarios debidamente formados y que sí, estos sí, han pasado un proceso selectivo severo, duro y en concurrencia con cientos de personas.

Pero en esos asuntos en los que intervienen los asesores, el político de turno prefiere contar con el “asesoramiento” de un cargo de confianza, que le estará muy agradecido, más que con la lealtad institucional de un funcionario que no le debe nada porque todo se lo ha ganado con su esfuerzo, su sabiduría y años de formación y experiencia.

El político busca que alguien le diga sí a todo, busca la coartada de contar con alguien que sea capaz de justificar cada una de sus decisiones, por muy disparatada que sea.

Según algunos estudios (y ante la falta de datos oficiales fiables), ese cuerpo de asesores digitales (es decir, seleccionados a dedo), alcanza un número de unas 300.000 personas, las cuales, como ya he explicado no tiene mayor cometido que ocupar puestos para los que ya existen cuerpos de  funcionarios debidamente formados y con un criterio técnico y jurídico, no clientelar.

Ese es, en mi modesta opinión, un grave problema para España. En Alemania el número de asesores no llega a 100.000 efectivos,  teniendo en cuenta además que su población es casi el doble que la de España, lo que supone un asesor por cada 1000 alemanes, frente al dato español: un asesor por cada 150 españoles.

Ante esta situación se me ocurre una pregunta ¿es que los políticos en España están tan mal formados, saben tan poco, que necesitan de un ejército de asesores para que les suplan en todo aquello que son incapaces de entender, proponer y resolver? Si es así, no son merecedores del puesto que ocupan, si no es así, están enchufando a sus amigos y demás conocidos a costa de los impuestos que pagamos todos.

Hay que tener en cuenta que todos estos asesores se encuentran en la franja superior del personal mejor retribuido con cargo a los presupuestos públicos. Una reducción del número de asesores que deje su número en algo similar a lo que nos encontramos en Alemania (y no es precisamente un país que pueda criticarse por estar mal organizado o por tener una administración que no funcione), daría los siguientes números:

1. Para contar con el mismo número de asesores por habitante que en Alemania, se debería reducir su número a un máximo de 50.000, es decir, unos 250.000 asesores menos.
2. Suponiendo un coste medio anual de cada uno de los asesores prescindibles de 60.000 euros, incluidos seguros sociales, hace un total anual de 15.000 millones de euros, o lo que es lo mismo, una reducción del déficit público de 1,5  puntos, y sin necesidad de subir impuestos.

Este, y no otro, es el verdadero problema de la administración pública en España, que genera gastos inmensos e innecesarios, duplicidades, conflictos y toma de decisiones erróneas. Pero creo que falta mucho para que periodistas y tertulianos, casi todos ellos con mucho que agradecer y sin ninguna intención de molestar al político de turno, lo expliquen. Es más fácil atacar al funcionario y sus supuestos privilegios, de los que ya hablaré otro día.

Para un profesional de la función pública que lleva más de 20 años sirviendo al interés público en distintas administraciones, con lealtad a la institución, anteponiendo su deber a sus propias preferencias políticas, e intentando siempre aplicar la legalidad vigente en todos aquellos asuntos en las que ha debido intervenir es muy duro, desagradable, insultante y desmoralizador que, día tras día, una y otra vez, algunos quieran convertir a la función pública en una especie de diablo, culpable de todos los males que acechan España, algo que no puede ser más falso y más malintencionado. Las decisiones en un estado democrático como este, las toman los políticos, los funcionarios tan solo obedecemos.

¿Esto es justicia?

Todos los días nos encontramos con diferentes noticias en las que, aunque parezca imposible, la justicia y las leyes están de parte del infractor, del delincuente o, simplemente, del jeta.

Hace pocos días saltó la noticia de una familia de Fuenlabrada que había sido denunciada por los okupas de su propia vivienda cuando los legítimos propietarios recuperaron lo que es suyo, aprovechando la ausencia por vacaciones de los okupas.

¿Cómo es posible que día sí y día también, nos desayunemos con noticias de violadores, ladrones, butroneros, atracadores, estafadores o asesinos que, habiendo sido puestos en libertad tras haber sido detenidos, han vuelto a delinquir?

Todos conocemos distintas asociaciones y ONG´s dedicadas a la defensa de los derechos de los delincuentes, pero conocemos muy pocas que se dediquen a lo contrario, a defender a las víctimas de esos delincuentes. ¿Y porqué no hay asociaciones, salvo las de víctimas del terrorismo, y poco más, dedicadas a defender a las víctimas? La respuesta es sencilla, en un estado de derecho, la defensa de las víctimas, el castigo de los delincuentes y preservar el cumplimiento de las leyes le corresponde al Estado, el cual ha de dotarse de los medios necesarios y adecuados para ello: leyes, policías, jueces, instituciones penitenciarias, etc.

¿Qué es lo que falla entonces en España?  En mi modesta opinión, lo que falla es el concepto mismo de la pena. La pena, según la Constitución Española, tiene varios objetivos: servir de castigo al delincuente, reeducarle, reinsertarle y resarcir a la víctima por el mal injustamente sufrido.

Quienes nos han gobernado durante los últimos 40 años sólo han puesto empeño en la reinserción y reeducación de los delincuentes, sin tener en cuenta que la pena, en su origen, siempre ha estado orientada, principalmente,  para servir de castigo a quien infringe las normas.

Es más, etimológicamente, pena proviene del termino griego poinè, que significa pagar, compensar. Es decir, su origen está en hacer pagar a quién ha infringido una norma, perjudicando con ello a otras personas. Pero en los últimos años, una mal entendida función social de la pena, que pone todo su empeño en la "salvación" del delincuente, ha dejado fuera de su protección a las víctimas, que deben pasar verdaderos calvarios para que les sean reconocidos sus derechos.

No es posible que quien okupa una vivienda, robándole su propiedad a su legítimo propietario, se vea protegido por normas y jueces que hacen prevalecer un supuesto derecho a la inviolabilidad del hogar, sin tener en cuenta si quien ocupa ese hogar tiene derecho a hacerlo. No es de recibo que la víctima de un robo, una violación, una estafa o cualquier otro delito, tenga que soportar como el delincuente sería de él en su propia cara, amparado por las leyes, porque si no sucediera así estaríamos condenando a quien merece todo nuestro respeto. Pero, ¿las víctimas no merecen respeto? 

Las víctimas somos todos, y una sociedad que no se respeta está condenada a fracasar, a dejar de existir como sociedad. 

Igualmente, una sociedad en la que no hay un mínimo de justicia y de seguridad jurídica, está condenada a sufrir la huida de aquéllos que podrían invertir su capital en ella, nadie se juega su dinero sin tener asegurado un sistema jurídico justo que castiga al que lo merece y que protege a quiénes han tenido un comportamiento ejemplar.

Hartos estamos de conocer noticias de corrupción y corruptos que apenas pisan la cárcel están fuera, bien porque los supuestos delitos han prescrito, bien por falta de pruebas, por que se considera que el delito cometido no es de la gravedad suficiente,..., en fin mil excusas para eludir el castigo.

Cuándo los jueces dan por buena la quema de banderas de España y de fotografías del Rey, no están amparando la libertad de expresión, están amparando la manifestación más vil de odio hacia lo que significa la nación española, representada por su bandera y su Jefe de Estado. Y la nación española se organiza en poderes, siendo uno de esos poderes es el judicial. Por lo tanto, los jueces que amparan esas conductas están amparando la destrucción del sistema judicial, del mismo Poder Judicial, como consecuencia de la destrucción de la nación española.

Por ello, si hemos de ver como se permiten esas conductas, ¿qué podemos esperar el resto de ciudadanos? Nada bueno, sólo esperar no tenérnoslas que ver en un juzgado o tribunal para defender nuestros derechos porque llevamos las de perder siempre.

Se hace necesaria una reforma tanto del Código Penal como de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que establezcan penas de verdad más duras para los delincuentes, que castiguen de verdad la reincidencia, que protejan a los ciudadanos que se muestran respetuosos con las leyes, haciéndoles entender que la víctima no tiene que avergonzarse de serlo, que no hay que buscar explicaciones al delito, el delincuente lo es porque lo es, nunca la culpa es de la víctima. Si usted tiene una vivienda cerrada porque, con esfuerzo durante toda su vida, ha podido comprar más de una, o porque la heredó, o por la razón legítima que fuera, usted no es culpable de que unos jetas le revienten la puerta, se metan dentro y ningún juez ni tribunal tenga las agallas suficientes para echarles de allí y les de cobijo dónde merecen, en la cárcel.

Si de verdad queremos preservar la nación española a las generaciones venideras debemos empezar por poner los cimientos hoy, y sin un sistema judicial fuerte, serio, severo, justo y que se respete a sí mismo haciéndose valer y cumplir, no hay nada que hacer, ni nos respetaremos nosotros mismos ni nos respetarán los de fuera, abocándonos al fracaso absoluto como nación, como pueblo y como organización.

El "problema ¿catalán?"

Casi 40 años tiene la recientemente celebrada Constitución, y en todo este tiempo el mal llamado "problema catalán" no ha dejado de crecer, regenerarse, ampliarse, magnificarse y ocupar buena parte de las preocupaciones de políticos y periodistas.

Pero, ¿porqué llamamos catalán a un problema que afecta a todos los españoles? Simplemente es otra concesión más a los independentistas, instigadores de todo ello.

Hay un amplio grupo de políticos y empresarios catalanes, y también vascos, no los olvidemos, a los que les interesa fomentar todo el tinglado independentista, aprovechando la mediocridad política española y el complejo de culpabilidad e inferioridad que siempre nos ha afectado a la mayoría de españoles.

Ellos no tienen más que esgrimir sus amenazas independentistas para conseguir más y mayores ventajas: más competencias, más financiación, más vista gorda ante el incumplimiento descarado de las leyes vigentes, empezando por la propia Constitución.

Y en esto, una vez más, se han comportado igual tanto PP como PSOE. Por culpa de una ley electoral que premia la representación de partidos de ámbito regional, los dos grandes partidos, cuando no han obtenido mayoría absoluta, no han dudado en echar mano de la chequera, que pagamos todos, para comprar el "imprescindible" apoyo de los independentistas, bajo el pretexto de mantenerlos en el mal llamado nacionalismo moderado (no hay nacionalismos moderados, no hay casi embarazos, o se está o  no se está embarazada, del mismo modo o se es o no se es nacionalista).

Pues bien, PP y PSOE, en lugar de llegar a acuerdos de estado en lo fundamental y dejar gobernar al partido más votado en el resto de cuestiones, han preferido engordar a la bestia, alimentar a la bicha, hacerla partícipe de todo, hacerles creer importantes, cuando no representan, sumados todos los partidos independentistas, más del 5 % del cuerpo electoral de España (y digo España, no estado español, eso lo dejo para aquellos a los que les produce urticaria el término España).

Grave, gravísimo error que vamos a pagar, que estamos pagando todos, en varios frentes y de varias formas: extensión de "sentimientos" nacionalistas dónde nunca los hubo, crecimiento de la indolencia y el envalentonamiento de estos individuos, extensión del pensamiento único en las regiones controladas por nacionalistas, desconfianza de la mayoría de españoles hacia sus políticos, intentos del gobierno de España de turno de comprar la "buena voluntad" de los nacionalistas a base de mayores competencias, mayor financiación y más seguir haciendo la vista gorda con todos sus desmanes, y así en un constante suma y sigue, en una constante espiral sin fin, sin freno, sin sentido y sin el más mínimo pudor, ni por parte de los que chantajean y extorsionan, ni por parte de los que dicen gestionar la situación, por el bien de todos, desde el respeto, ¿respeto a qué, a quiénes? ¿a quiénes no respetan nada? Error tras error, suma de errores.

El primer, el fundamental y principal acuerdo al que deberían llegar PP, PSOE y Ciudadanos es el de un pacto de estado en defensa de la unidad de la nación española. Pacto por el que los 3 partidos firmantes debieran comprometerse a favorecer el gobierno de la lista más votada, comprometerse a no venderse jamás a aquéllos cuyos únicos objetivos son la destrucción de España y su propio interés. 

Un pacto así debería también acometer una reforma, tanto de la Constitución, como de las leyes que fueran necesarias, empezando por la Ley Electoral. Las reformas deberían permitir cerrar, de una vez por todas, las competencias autonómicas y estatales, reservándose el estado una amplia competencia de armonización de algo tan importante como la educación. No se puede consentir que desde la escuela se utilice al sistema educativo como arma de lavado de cerebro de los niños, y eso lo están consintiendo los distintos gobiernos de España sin mover un solo dedo. Debería también acometerse la disposición de una serie de consecuencias, lo más duras y severas posibles, para aplicar a aquellos responsables políticos que incumplan sus obligaciones, la primera respetar las normas, todas, incluida la Constitución de la que emana su situación y el poder que ejercen. Otra medida a adoptar es la reforma de la ley electoral para llevar a cada partido político al lugar que le corresponde en el Congreso de los Diputados. Nada se consigue dándole regalitos a quien no quiere sentirse español, tan sólo alimentar el vicio de seguir pidiendo mientras haya unos tontos que no dejen de dar.

Por último, no podemos esperar ni pretender que nuestros compatriotas en Cataluña o en el País Vasco se conviertan en héroes en la defensa de España y su unidad cuando los propios políticos patrios, a los que pagamos el sueldo, sus prebendas y ventajas no toman las medidas necesarias para atajar el problema de los nacionalismos, y este problema no surgió hace unos meses, lleva creciendo de forma imparable los últimos 40 años, y sin signos de que vaya a dejar de hacerlo, sino más bien todo lo contrario.

Por eso, no comparto aquello de el "problema catalán". El problema es de España, de la falta de orgullo de sentirnos españoles, de la falta de coraje y valentía de la mayoría de nuestros políticos. Un problema de españoles entre españoles.

¿Qué es ser liberal?

Este fin de semana se está celebrando en Varsovia (Polonia) el Congreso anual de la asociación de partidos políticos liberales de Europa (ALDE).

 

Ciudadanos es el único partido español, de ámbito nacional, que forma parte de ALDE. Es el único que, en su ideario, defiende el liberalismo como fundamento de su acción política. Pero, ¿qué significa y qué es ser liberal?

 

A mi entender, ser liberal es todo lo contrario de la forma en la que se gobierna España. Ser liberal es dejar que sean los ciudadanos los que tomen sus propias decisiones. Tomarlos como adultos, capaces y responsables, para que sean ellos solos los que decidan que modelo educativo, sanitario, asistencial o de pensiones desean recibir y al que desean contribuir.

 

En mi forma liberal de entender la sociedad, las cargas tributarias, necesarias por otro lado, se reducen al mínimo imprescindible para mantener el estado en funcionamiento y cohesionado, pero liberando a la ciudadanía de la carga de tener que mantener los chiringuitos y negocietes de tantos.

 

Los cargos políticos se reducirían sensiblemente, no es necesario un  Senado con más de 230 miembros para replicar sin más lo que el Congreso ya ha decidido. No es necesario un político rodeado de asesores, necesitamos políticos que no necesiten asesores, porque ellos solos capaces y suficientes para analizar, pensar y decidir.

 

No tendría cabida la corrupción. De ningún tipo ni de ningún orden. Independientemente de la cuantía y del personaje implicado, la corrupción es la mayor falla de nuestra sociedad, nos está costando cantidades ingentes de dinero y recursos. Y no sólo hablo de la corrupción política, también cada uno de nosotros comete o puede cometer actos de corrupción. No declarar todos los ingresos, hacer cobros en dinero negro, ocultar operaciones comerciales para no pagar impuestos,..., todo eso es corrupción. Y desde luego no es una jugada al fisco, es una estafa a la sociedad.

 

En el modelo liberal que yo entiendo, cada ciudadano debe elegir, tiene el derecho pero también el deber de elegir qué tipo de sanidad o de educación quiere: pública o privada, y será él mismo el que sufrague con sus ingresos el modelo que elija, pero no se obligaría a pagar, vía impuestos, unos servicios ineficientes e ineficaces, que en muchos casos no cumplen los principios y objetivos que son su razón de ser.

 

Desde luego, en una sociedad liberal,  cada ciudadano elige qué modelo de pensiones le apetece más para el futuro, aportando parte de sus ingresos a aquella compañía, pública o privada, de su elección, sin que sean además las leyes las que determinen su fecha de jubilación, sino su capacidad de ahorro y su propia decisión.

 

En un estado liberal las normas no se entrometen en la vida de los ciudadanos más allá de lo imprescindible, se deja a cada cual vivir, desarrollarse, crecer, educarse y pensar por sí mismo, en libertad y por la libertad.

 

Y por supuesto, esto no implica que la sociedad de desentienda de los menos favorecidos, de aquellos que necesitan algún tipo de ayuda o apoyo. No, no estoy diciendo eso. Pero lo que no puede es llevarse la supuesta solidaridad al extremo de pretender que poco más que un tercio del país saque adelante a los dos tercios restantes, eso es imposible, inviable y de locos.

 

La historia nos ha enseñado, discursos partidistas al margen, que las sociedades más liberales son las que más deprisa se han desarrollado y las que mayores cotas de prosperidad y bienestar han alcanzado. En Europa hay dos modelos bien diferenciados: uno de países intervencionistas, unas veces más de pseudoiquierda y otras veces más conservadores, como son Italia, Francia, Bélgica, España, Portugal, Grecia y desde luego en su momento todos los del bloque comunista, y otro grupo de países de corte liberal: Dinamarca, Holanda, Alemania, Austria, Irlanda, Lituania, Estonia, Letonia, y otros más.

 

No hace falta explicar que todos los del segundo grupo, los liberales, han sorteado la actual crisis con muchísimos menos estragos que los intervencionistas, con una tasa de paro que roza el pleno empleo, con una renta per cápita más alta y, en el caso de las repúblicas bálticas o Irlanda, pasando de una situación más cercana a la pobreza a otra en la que se han convertido en países prósperos, punteros, competitivos y atractivos para las inversiones, motor de toda economía.

 

Por lo tanto, a la historia y a las pruebas me remito. Muchos cantos de sirena, muchas buenas intenciones, pero al final, lo que hace prosperar a un país son las inversiones, y éstas se producen si hay garantías y condiciones que las aseguren desde el punto de vista político y jurídico, sin riesgos de intervencionismo por parte del político de turno, y a eso solo se llega a través de la política liberal.

 

Salvemos las pensiones

Desde hace ya muchos años, de forma recurrente y periódica, se dan a conocer datos e informaciones que advierten y, en algunos casos amenazan, del fin del actual sistema de pensiones.

Ya en tiempos de Felipe González en la Presidencia del Gobierno, se recomendaba a los españoles suscribir planes privados de pensiones, ante la falta de perspectivas de futuro del sistema público.

Pero los años han ido pasando y las pensiones de la Seguridad Social siguen existiendo, si bien es verdad que después de haberse llevado a cabo varias reformas del sistema que, según sus impulsores, han asegurado su mantenimiento. Aunque no con la garantía de permanencia necesaria pues, de lo contrario, no sería necesario recordarnos, cada poco tiempo, que el sistema está caduco y condenado a quebrar si no se toman las medidas oportunas.

Hasta ahora las medidas tomadas y las que más suenan como próximas a tomar han consistido, básicamente, en retrasar la edad de jubilación ordinaria y en hacer menos cuantiosa la pensión de jubilación a base de incrementar los años a tener en cuenta para el cálculo de la pensión.

Pero estas medidas son insuficientes cuando, como en la actualidad, no hay siquiera 2 cotizantes por cada pensionista,  (el último dato habla de 1,8 cotizantes por cada pensionista). Además se añade que las cotizaciones de los trabajadores están estancadas o en retroceso, sobre todo en los últimos años de crisis, lo que hace muy difícilmente viable el sistema actual.

La realidad demográfica del país tampoco ayuda lo más mínimo, sino todo lo contrario, se incorporan menos personas al mercado laboral que las que salen de él para cobrar su pensión de jubilación.

Por lo tanto, así las cosas, el futuro de las pensiones públicas, tal cual lo conocemos, es bastante negro y, aunque de vez en cuando nos avisen de ello, lo cierto es que muy pocas personas tienen el valor suficiente de exponer con claridad cuáles son los males y cuáles son los remedios a la situación. Lo fácil es retrasar la edad de jubilación a los 67, 69 ó 70 años, pero eso no cambia la estructura, los fundamentos del sistema, que siguen siendo los mismos, y esas bases del sistema son las que no funcionan porque fueron planificadas en un momento absolutamente distinto al actual, tanto en lo económico, como en lo social o demográfico.

Se intenta mantener una falacia. Que nuestro sistema es de reparto. No, no es de reparto, no al menos del tipo de reparto que nos quieren hacer creer. El sistema actual se nutre, en gran medida de los impuestos, no sólo de las cotizaciones de los trabajadores y empresas. Esas cotizaciones ya no alcanzan para pagar el montante total de las pensiones, por lo tanto, aquello que nos anuncian para un futuro ya ha sucedido, el sistema ha quebrado, los gastos superan a los ingresos, año tras año.

Con estos datos lo único que se puede afrontar es un cambio radical del sistema, desde el actual falso sistema de reparto a un futuro inmediato sistema de capitalización, en el que se fomente la cotización más elevada para todo aquél que pueda.

Las líneas maestras de ese nuevo sistema (nuevo en España, pero para nada nuevo en el mundo, sino todo lo contrario, casi ningún país europeo mantiene el sistema como en España), deberían de ser, a mi modo de ver, las siguientes:

1. Obligatoriedad de suscribir un seguro de jubilación que cubra, como mínimo la jubilación por edad, por enfermedad o por accidente, así como la baja laboral por enfermedad o accidente.
2. El seguro no tiene porque ser público, dando entrada a las aseguradoras y entidades privadas, promoviendo con ello la competencia y la excelencia.
3. No tiene porqué haber una edad mínima de jubilación, cada cual podría jubilarse cuando hubiera alcanzado lo suficiente para vivir con la pensión. Esto que parece tan utópico funciona en países como Chile, y funciona bien.
4. El Estado debe crear un mecanismo de control y supervisión ágil y eficaz de todo el sistema.
5. Para aquellos casos en los que se produzcan situaciones de insuficiencia en cuanto a la pensión generada sería el Estado, a través de los presupuestos, quien garantizaría la cobertura mínima razonable.

En este sistema sería básico el buen funcionamiento de los mecanismos de supervisión, para evitar tanto la mala gestión de los fondos de pensiones como el fraude por parte de los cotizantes que quisieran evitar cotizar más a la espera de recibir del estado, en el momento de la jubilación, el complemento que se estableciera. Los medios actuales deben permitir realizar esa labor sin demasiados problemas, con la planificación y personal suficientes y adecuados.

Pocos se atreven a llamar a las cosas por su nombre, pocos se atreven a arremeter contra este supuesto sistema de reparto, rindiendo así sumisión a la tan cacareada política social, pero ¿qué hay más social que asegurar un sistema de pensiones que permita a las personas tener una vejez tranquila y sin sobresaltos?

No decir la verdad, no llamar a las cosas por su nombre, no querer ver el problema que tenemos ni las soluciones que lo resolverían es alargar la agonía de un sistema muerto. Cuanto más tardemos en arreglarlo mucho peor será el problema y mayor el riesgo de que nos estalle en las manos.